La revolución paritaria mexicana se está confirmando en el máximo cargo del ejercicio del poder con la llegada de Claudia Sheinbaum a la Presidencia. Es un hecho que culmina formal y jurídicamente el cambio político más profundo que el país ha experimentado en su andamiaje institucional en el último decenio: escaños ocupados por mujeres en la mitad de los plenos y partidos obligados a postular candidatas a los gobiernos locales.
Una auténtica revolución que de 2014 a 2024 catalizó la cultura en favor de la igualdad que millones de mexicanas venían empujando desde todos los frentes públicos y privados en una nación con demasiada madre, sea Coatlicue, Malinche o la Virgen de Guadalupe. Porque el éxito mexicano de una democracia paritaria que hoy es referente mundial fue posible gracias a las visionarias feministas que, a finales de los ochenta, sin importar diferencias de partido, comenzaron a trabajar en equipo en el Congreso para visibilizar en las leyes las violencias e inequidades que afrontan las mujeres.
Llenaría de nombres este espacio con las pioneras de la pedagogía parlamentaria que en los últimos 40 años han construido en el Poder Legislativo los ordenamientos en favor de los derechos humanos y la participación política de la población femenina. Fueron Patricia Olamendi, Amalia García, María Elena Chapa (+), entre otras tantas que, de la mano de activistas, maestras, políticas, funcionarias, abogadas, consejeras, magistradas, académicas, periodistas y un enorme y plural etcétera, forzaron siempre el portón del patriarcado hasta contar con el principio constitucional de la paridad en todo en 2019.
No olvidemos a Rosario Robles en la Jefatura del Gobierno capitalino proponiendo en la Asamblea Legislativa el derecho a decidir, hasta la sentencia que en el TEPJF, presidido por Maricarmen Alanís obligó a los partidos a no evadir más la cuota de género, pasando por el empeño con el que Diva Gastelum convenció al presidente Peña Nieto de llamar a su mayoría parlamentaria a incorporar el principio de paridad en la Constitución, mientras en sus bancadas en el Senado Angélica de la Peña y Marcela Peimbert hacían lo propio.
Nunca olvido la templanza con la que Patricia Mercado armaba con decenas de activistas, en los pasillos de la ONU en Nueva York, la estrategia para presionar al gobierno en hacer suyas las políticas públicas de salud reproductiva. Ni la contundencia con la que Dulce María Sauri, primera responsable de concretar en México los compromisos de la Cumbre de Beijing (1995), reclamaba al presidente Ernesto Zedillo que sin presupuesto ella no se iba a prestar a anunciar mecanismos de papel.
Cómo borrar en este recuento la insistencia terca en los noventa y hasta ahora de Malú Micher para que lo femenino y las mujeres fueran nombradas y la determinación con la que las consejeras electorales Carla Humphrey, Dania Ravel, Claudia Zavala, Adriana Favela y Norma de la Cruz defendieron en 2020 que la paridad en todo lo fuera también para las gubernaturas. La mayoría de los hombres apoyaron aquel acuerdo que interpretaba la Constitución para garantizar derechos.
Y es que en 2019 diputadas y senadoras habían logrado precisar los alcances electorales de ese principio, dejando fuera —por lo pronto y por conveniencia masculina— el relevo en los poderes Ejecutivos estatales. Pero la fuerza de organizaciones como Mujeres en Plural, de legisladoras, y de abogadas como Olamendi y Alanís acompañaron al INE, que encontró eco en las magistradas electorales Janine Otálora y Mónica Soto y en la mayoría de sus pares varones en la Sala Superior del TEPJF.
Esos son los antecedentes que enmarcaron esta semana los emotivos y profundos mensajes de ambas magistradas en la calificación presidencial este miércoles, cuando Otálora asumió la responsabilidad histórica que la mayoría de ese pleno se negó a reconocer: la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador en favor de Claudia Sheinbaum y en contra de Xóchitl Gálvez.
Por supuesto que eso no empaña, como bien lo dijo la magistrada presidenta, Mónica Soto, el triunfo histórico de la hoy Presidenta electa y el significado histórico de la entrega de su constancia de mayoría, este jueves, mientras se inscribían con letras de oro en el TEPJF el nombre de Hermila Galindo y su reclamo al derecho de votar y ser votadas.
El tema de fondo es que, sin regatearle méritos al proyecto político que avasalló en las urnas y a la primera Presidenta de México, a partir del 1 de octubre, la democracia paritaria que se exaltó sólo puede serlo en un Estado de derecho, con división de Poderes, pluralismo y respeto a las minorías. Tenemos por ahora la palabra empeñada de Sheinbaum, quien ofreció: “Gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos”.
Esa promesa únicamente puede cumplirse en el marco de la democracia constitucional que aún tenemos.
Pero sin un Poder Judicial autónomo, no es posible seguir aspirando a la igualdad sustantiva todavía pendiente; sin jueces, magistrados y ministros independientes, el ejercicio cotidiano y concreto de los derechos y la capacidad de hacerlos efectivos quedará a la deriva del clientelismo político.
Sin un Poder Legislativo plural —donde los votos de la oposición valgan lo mismo que los de la coalición gobernante— la democracia política será un recuerdo.
Claudia Sheinbaum llega con toda la legitimidad y el poder para hacer historia. La duda, sin embargo, de sí lo hará sin la sombra de su antecesor, ronda la transición de gobierno.
Y debilitar la democracia constitucional que hoy la encumbra podría convertir la primera alternancia de género en el gran fiasco mexicano.
