En medio de la discusión por la reforma al Poder Judicial, la presidenta de la Cámara de Diputados, Marcela Guerra Castillo, pidió incorporar la revisión a integral del papel que juegan las policías civiles, la Guardia Nacional y los ministerios públicos en la profunda reforma que está en marcha y no solo el sol de los jueces, magistrados o ministros como plantea el Ejecutivo y Morena.
“En la discusión sobre una reforma profunda al Poder Judicial, debe incorporarse como un elemento de análisis la revisión estructural del funcionamiento y resultados de las fiscalías, donde se incluye a los ministerios públicos y la importancia de que se desempeñen con mayor eficiencia y rapidez como instancias de procuración de justicia, coadyuvantes de la seguridad, hasta construir instituciones sólidas que garanticen justicia, que protejan los derechos de las personas frente a la actuación arbitraria e indebida de las autoridades”, dijo.
Guerra llamó a construir un sistema de seguridad y justicia más efectivo para todos los mexicanos, para lo cual se requiere revisar el funcionamiento de estos cuerpos de seguridad y las fiscalías.
“Que cada mexicano pueda vivir con la plena certeza de que sus derechos están protegidos y que la justicia está al alcance de su mano. Este es el México que queremos”, estableció
La intención, dijo, es que las instituciones de seguridad y justicia locales o federales, del norte o sur del país, operen con integridad y transparencia, protegiendo los derechos de cada ciudadano y ciudadana.
Recordó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI, 6 de cada 10 personas considera inseguro vivir en su ciudad: el 69 por ciento manifiesta sentirse inseguro en los cajeros automáticos; el 64 por ciento en el transporte público; el 54% en las carreteras y el 53 por ciento en los bancos.
A esto, se suma la cifra de delitos no denunciados o sobre los que no se inicia una carpeta de investigación, alcanza el 92 por ciento, lo que agrava la impunidad.
Mientras que la encuesta sobre Percepciones de Impunidad 2023, también del INEGI, indica que la mayoría de las personas entrevistadas considera que nunca o casi nunca los responsables de un delito son llevados ante un juez: el 10 por ciento considera que los agentes del ministerio público no investigan los delitos, 9 por ciento que los policías no detienen a los delincuentes y 11 por ciento que los jueces liberan a los delincuentes.
Guerra Castillo destacó que se debe “promover una justicia con enfoque multicultural, respetuosa del pluralismo jurídico, con perspectiva de género y respeto a los derechos de sus trabajadores, en sintonía con una visión progresista de los derechos humanos, hasta acercar la justicia a la gente”.
