Los tiempos que estamos viviendo entre las elecciones y que las autoridades electorales califiquen la elección y con ello, entregar la constancia de presidente electa a la señora Sheinbaum -cerrando así el proceso electoral 2024-, han estado llenos de incertidumbre para muchos. Millones quedarán en desacuerdo con el resultado, se adivina el dictamen del TRIFE que resuelva lo que ya se ve inminente y que nadie puede parar.
Se consolidará en México un gobierno populista que acabará por llevarnos a un retroceso y perder lo ganado en los últimos cuatro sexenios en materia de democracia y libertad que pasará a la historia como un bello intento de poner al país de pie para los retos que tendremos que afrontar en el siglo XXI y que lo tendremos que hacer, pero con las herramientas del siglo pasado.
Los comicios que tuvimos están basados en la ilegalidad e ilegitimidad, esto es no solo para preocuparse, sino para sentirse asustados. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en voz de su sala especializada, dictaminó que López Obrador violentó la ley por sus constantes ataques a la candidata Xóchitl Gálvez, su interminable promoción de Claudia Sheinbaum en las mañaneras y de condicionar los apoyos económicos a que la gente votara por Morena.
Esto por sí solo es causal para declarar la nulidad del proceso, o sea, la anulación de las elecciones; aunque sabemos que esto difícilmente sucederá porque el Tribunal no lo hará. Durante todo el tiempo que se ha llevado el proceso, estos magistrados han sido omisos en su responsabilidad, así como lo fue el INE de la señora Taddei, que prefirió voltear la cara y no ver como el presidente delinquía electoralmente.
El ejército de 23 mil siervos de la nación pagados con recursos públicos, amenazaron a la gente a que si no votaban por MORENA, los borraban de los programas sociales, presionándolos con su credencial de elector y anotando sus nombres y numero de credencial, esto también es causa suficiente para declarar la nulidad del proceso.
Los millones de pesos que se gastaron y los tres años de campaña para apuntalar a Claudia, fueron también un delito electoral y por ende, causan la anulación. Pero parece que eso no cuenta y tenemos que estar preparados a soportarlo y aprender a vivir con ello.
La sala principal calificará la elección con solo 6 magistrados, apenas ayer nombraron a una emeregente, ya sabemos porque de esto, otra violación a la Constitución, pero ahora del Senado que acató las ordenes de su jefe López Obrador.
Ahora estamos viendo como hasta la secretaria de gobernación anuncia la sobre representación del oficialismo al pretender el 75 por ciento del congreso y la oposición solo el 25 por ciento. Todos sabemos lo que significa esto para el país, bueno -casi todos-, porque tal parece que los magistrados del TRIFE no.
Grande paradoja será que los magistrados electorales que forman parte del Poder Judicial voten por esa controvertida interpretación de la Constitución, que acabará no solo con dejarlos desempleados a ellos y a los cerca de 50 mil mexicanos que forman parte de los afectados de ese poder, cuando sin cambiarle ni una coma, el nuevo congreso vote por el despido de los Ministros, Magistrados y Jueces de toda la nación.
El artículo 54, fracción V, constitucional es muy claro en que, en ningún caso, los partidos políticos podrán contar con un número de diputados de mayoría simple y proporcional que represente un porcentaje del total de la Cámara excedente a un 8 por ciento de la votación. Pero están hechos bola por lo de las coaliciones de varios partidos.
Morena la interpreta literalmente y eso hace que a cada partido se le aplique en lo individual. De ser así, el tema, Morena, el PT y el Verde tendrán 74 por ciento de curules, pero su votación fue de un 56.4 por ciento. La sobrerrepresentación sería de 18 puntos.
Todo este entuerto es culpa de la oposición que no adicionó a los partidos las coaliciones cuando se estableció la norma, quedaron a interpretación y ahora estamos en peligro de que todo el Poder Judicial lo tenga el oficialismo.
Veremos que deciden los magistrados electorales, si la sobrerrepresentación será por partido o por coalición.
La oposición tuvo la oportunidad de adicionar lo de coaliciones.
Como dirían los clásicos, era suya, la tuvo, pero la dejó ir.
