- Estamos obligados a aprobar una reforma que más allá del fortalecimiento institucional sea de utilidad y en beneficio del ciudadano
- Se debe respetar y salvaguardar en todo momento los derechos laborales de los trabajadores del PJF
La senadora Minerva Hernández Ramos anunció que presentará un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de exhortar a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, para que, en la elaboración del dictamen para modificar al Poder Judicial de la Federación (PJF), enviada por el titular del Poder Ejecutivo federal, considere incluir en la reforma un novedoso esquema de transparencia y rendición de cuentas como mecanismo de control ciudadano.
“Estamos obligados a aprobar una reforma que más allá del fortalecimiento institucional sea de utilidad y en beneficio del ciudadano”, destacó Hernández Ramos.
Lo anterior, ya que dijo: “La reforma al Poder Judicial no resolverá el boquete fiscal que tenemos para sanear tanto la hacienda pública federal y estatal”.
Por ello, solicitará que se convoque y delinee en conjunto con la sociedad civil, académicos y expertos, la construcción de un capítulo de transparencia y rendición de cuentas como parte de la reforma.
“Bienvenido todo lo que abone a la administración eficiente del gasto público, sin embargo, lo he venido mencionando e impulsando desde el primer día que tome protesta como Senadora de la República, es urgente la realización de una nueva Convención Nacional Hacendaria que resuelva temas como el nivel bajo de recaudación que tenemos, la falta de mecanismos para la administración eficiente del gasto público y la rendición de cuentas, entre otros”, resaltó.
Hernández Ramos propone en el documento, exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a enviar la actualización del impacto presupuestal de la reforma por la trascendencia e importancia que representa en la agenda nacional para los ciudadanos; respetar y salvaguardar en todo momento los derechos laborales de los trabajadores del PJF, y establecer con claridad la extinción de aquellos fideicomisos pertenecientes al Poder Judicial que no se encuentren relacionados con las prestaciones sociales de los trabajadores.
En otro de los resolutivos, la legisladora panista solicita a los próximos legisladores que conformarán la LXV Legislatura en el Congreso de Tlaxcala a convocar a diversos sectores de la sociedad Tlaxcalteca a mesas de diálogo como antesala a la discusión de la próxima reforma al Poder Judicial Local en cumplimiento al mandato que determine el Constituyente Permanente del H. Congreso de la Unión.
Es necesario, indicó, ajustar en el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala para el ejercicio fiscal de 2025, las remuneraciones de los servidores públicos en todos los niveles del gobierno local, para que ningún servidor público perciba una remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, mayor a la establecida para el Presidente de la República.
“De un análisis al Anexo 44 Analítico de Plazas del Poder Judicial del estado de Tlaxcala contenido en la iniciativa con proyecto de decreto de Presupuesto de Egresos del estado de Tlaxcala para el Ejercicio Fiscal 2024, se visualiza que actualmente hay servidores públicos pertenecientes a este Poder que perciben una remuneración mayor al del Presidente de la República, entre los que se encuentran la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; los seis Magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia; los cuatro Consejeros integrantes al Consejo de la Judicatura; el Contralor del Tribunal Superior de Justicia, y el Secretario General de Acuerdos”, expuso.
De la misma forma, la senadora plantea impulsar una nueva Ley de Austeridad Gubernamental en el estado de Tlaxcala y que, ante las modificaciones con base al orden constitucional ordenadas al Poder Judicial Local, se respeten y salvaguarden en todo momento los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial Local.
Para concluir, la senadora tlaxcalteca insistió en que la transparencia y la rendición de cuentas siempre serán un mecanismo de control ciudadano.
