“Los integrantes del Poder Judicial de la Federación no somos corruptos, tampoco liberamos a delincuentes. Se nos han hecho señalamientos simplemente genéricos y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales, sin que se nos haya oído y vencido en un juicio previo”, advirtió en el arranque de su discurso Nadia Villanueva Vázquez, magistrada presidenta del Primer Tribunal Colegiado, ante diputados de Morena, PT y PVEM que impulsa la reforma al Poder Judicial de la Federación con foros denominados “Diálogos Nacionales”.
En Xalapa, Veracruz, la magistrada admitió durante el debate sobre el tema 5 de estos foros, la Reforma al Consejo de la Judicatura Federal: El Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración que bien es cierto que han existido fallas en el desarrollo de esta institución, esos actos de corrupción, nepotismo o algunos abusos han sido materia de investigación y sanción correspondiente por parte del Consejo de la Judicatura Federal.
“Estas sanciones están públicadas en las páginas de esta institución y que cualquier persona puede llevar a cabo y ver cómo es que se ha sancionado y a cuántos son los servidores públicos que se han sancionado, los cuales si ustedes pueden verificar el porcentaje es mínimo. Afortunadamente, ese tipo de personas que han formado parte de nuestra institución actualmente están fuera o sancionadas.
Esto quiere decir precisamente que son casos aislados, sin embargo, también quiero mencionar que dentro de los tres Poderes también existe corrupción, actos de nepotismo, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo”, aseveró Villanueva Vázquez.
La magistrada acusó que es del dominio público cómo a través también en el Ejecutivo familiares de nuestro actual presidente de la República están involucrados en este tipo de actos de nepotismo.
“No sabemos cómo son las sanciones que se han llevado a cabo, sin embargo, a los integrantes del Poder Judicial de la Federación se nos han señalado de manera genérica y por eso se quiere llevar a cabo una destitución o cese de casi mil 700 juzgadores federales, sin que se nos haya oído y vencido en un juicio previo”, indicó, Nadia Villanueva fue una las 12 ponentes en este encuentro en Veracruz.
A esta voz de denuncia contra que se les acuse de ser corruptos también se sumaron voces de abogados y académicos en derecho, como María Gabriela Rolón Montaño, magistrada.
“Sobre el Tribunal de Disciplina que se propone citar… evidenciar que mucho de lo construido en la disciplina judicial es funcional, sin dejar de reconocer, por supuesto, que, como todas las instituciones, esto es perfectible y mejorable.
Se dice, por ejemplo, lo escuché hace rato, que del Poder Judicial no se investiga a jueces y magistrados. Eso no es del todo cierto, pues si bien es verdad muchas quejas se desechan –y me consta porque actualmente soy secretaria ejecutiva de disciplina–“, expuso.
Pidió que hay varios factores que deben analizarse, como aquella falsa creencia de la mayoría de la población de que a través de la queja administrativa se puede modificar o revocar una decisión jurisdiccional, lo cual es inexacto, puesto que el procedimiento disciplinario no puede tener ninguna influencia en el procedimiento jurisdiccional.
“Otro factor es que los escritos de queja solo contienen argumentos genéricos, como que el juez o jueza resolvió con parcialidad, que fue injusto, que liberó un delincuente, pero no dan elementos específicos que nos pongan en evidencia alguna conducta jurídicamente reprochable. Menos aún aportan pruebas que demuestren un actuar incorrecto del servidor público. Como todo procedimiento necesita haber evidencias, cuando menos indiciarias, para iniciar un procedimiento.
Señaló que todas las quejas deben llevar, como todo procedimiento, los elementos mínimos indispensables para que se inicie una investigación.
“Sería importante para mejorar el sistema de justicia, quizás en la actualidad, que un ente público asesore a los denunciantes o víctimas en la elaboración de las quejas y durante el procedimiento administrativo. Yo les pregunto: ¿cuántos de los abogados postulantes aquí han llevado un procedimiento administrativo del lado del denunciante, de la víctima? Siempre es de parte del servidor público”, concluyó.
