• Formularon comentarios sobre reorganización del Poder Judicial, elección de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades
Académicos, especialistas y abogados externaron posturas sobre la nueva integración del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), duración del cargo de jueces, magistrados y ministros, y régimen de responsabilidades, como parte de los diálogos nacionales sobre las reformas constitucionales al Poder Judicial que realiza la Cámara de Diputados, y que este lunes se efectuó en Guadalajara, Jalisco.
En materia de justicia, la reforma es incompleta
Ana Sofía Torres Menchaca, maestra en derecho constitucional y derechos humanos, expresó que es una reforma compleja, amplia, bien elaborada y con argumentos. Consideró valioso ofrecer una justicia pronta y expedita, revisar los sueldos del funcionario público y la crítica al gobierno de las élites.
No obstante, dijo, es incompleta si no se incluye a las fiscalías, a las comisiones de la verdad, de atención a víctimas o de derechos humanos, así como a las escuelas de derecho.
Sobre la elección popular de ministros, magistrados y jueces, planteó tener mejores procesos, trascender el partidismo, las formas de cuotas y amigos.
No generar una parálisis en las decisiones de la SCJN
Carlos Ramiro Ruiz Moreno, director de la División de Estudios Jurídicos en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, señaló que en la propuesta de elección popular directa de ministras y ministros es importante considerar los fundamentos de la gobernabilidad; es decir, no generar una parálisis en las decisiones del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Llamó a considerar el perfil de elegibilidad que se deberá determinar para que ministras y ministros conozcan las diferentes disciplinas jurídicas sobre las cuales tendrían que estar preparados; además, garantizar la transversalidad de género.
Las personas candidatas a jueces no deben hacer campaña
El abogado de la Universidad de Guadalajara, Juan Alberto Ruvalcaba González, exhortó a los próximos legisladores a no desmantelar el Poder Judicial de la Federación, pues la asignación de magistradas y magistrados, de juezas y jueces debe sostenerse en la carrera judicial, en concurso de oposición y en la acreditación de exámenes de alta complejidad, acordes a su responsabilidad.
Los jueces, dijo, no deben hacer campañas; “no imagino a un candidato juez de lo penal ofreciendo sentencias absolutorias o sentencias condenatorias. Los jueces deben estar de manera más humana, sensible y empática dictando sentencias, abonando a la justicia y a la paz que este país reclama”.
Añadió que la elección popular provocaría la intervención indirecta de los partidos políticos y no sería una auténtica elección popular. “No queremos un Poder Judicial que se deba a cuotas de partido”.
Existen puntos que deben evaluarse a profundidad
Gildardo Galinzoga Esparza, magistrado de circuito, señaló que existen puntos de la reforma que deben evaluarse a profundidad; entre ellos la elección de personas juzgadoras, por lo cual propuso que se considere que las y los jueces cuenten con las condiciones necesarias exigidas, como una sólida formación ética, sensibilidad a la protección de la población más vulnerable, una visión judicial más humanista y que sean más receptivos a las necesidades de las personas.
Para aspirar a una candidatura a juez o jueza se deben poner candados estrictos: tener carrera judicial sólida entre 5 o 10 años y no haber sido sancionado por falta grave. En caso de no contar con una carrera judicial, la persona aspirante debe cumplir con un examen de oposición que le practique la nueva Escuela Federal de Formación Judicial.
El Poder Judicial debe rendir cuentas
La abogada Katya Fernanda Ocampo Sáenz afirmó que la reforma propuesta cambia el mecanismo de elección de las personas juzgadoras, para que los Poderes Ejecutivo, Judicial y la Cámara de Diputados propongan 10 candidatos cada uno, e integren la lista de lo que votaría la población de manera libre y secreta. “Al final, la responsabilidad caerá en los tres Poderes, pero la última palabra la debe tener el pueblo”, enfatizó.
Llamó a no tener miedo a que la ciudadanía decida los perfiles que irán al máximo tribunal y resolverán los asuntos más relevantes para el país, y a abandonar la visión de la justicia elitista que ha dejado decisiones en los que se consideró que eran los únicos que sabían derecho. “Apostemos por un Poder Judicial que rinda cuentas, que tenga cercanía y resuelva en favor de la gente.
Necesario, avanzar en consensos
Fany Lorena Jiménez Aguirre, presidenta de la Asociación Mexicana de Tribunales de Justicia Administrativa y magistrada presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa de Jalisco, reconoció el valor de la propuesta de un cambio consensuado y definir un proceso, para que de manera paulatina, transparente y democrática se ocupen los cargos de ministras, ministros, juezas, jueces, magistradas y magistrados con altos valores éticos y técnicos, con legitimidad social e independencia de intereses ajenos.
Detalló que someterse a órganos disciplinarios debe ser una constante, donde se les exija un estándar de excelencia y profesionalismo para alcanzar una justicia igualitaria, transparente, equitativa, con paridad y respetuosa de los derechos humanos. Por ello, pidió avanzar en los consensos que permitan hacer un cambio democrático para que el pueblo de México y cada entidad de la República confíe en el Poder Judicial.
Se deben proteger los derechos humanos
Marcos del Rosario Rodríguez, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, dijo que para garantizar el acceso a la justicia se requiere de jueces que la administren con perspectiva de derechos humanos, cuenten con el suficiente criterio para dar entrada a los asuntos que requieren una atención urgente o, en su caso, dictar las medidas cautelares necesarias de manera oportuna y pertinente, y de esta forma proteger los derechos humanos que puedan verse en riesgo.
Señaló que es indispensable que quienes integran los cargos jurisdiccionales estén ajenos de cualquier interés o pretensión de partes de grupos políticos, económicos o delincuenciales, ya que de lo contrario sus decisiones al momento de resolver una litis estarán sesgadas.
El Consejo de la Judicatura requiere modificación
El secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Sección II, Toluca, Víctor Flores Nicolás, resaltó que el actual Consejo de la Judicatura Federal requiere una modificación, porque no puede estar en manos de una sola persona. La SCJN y el Consejo “son muy independientes”.
Comentó que en el Consejo de la Judicatura existen infinidad de demandas y quejas por acoso sexual, acoso laboral, por pago de horas extras que no son cubiertas; por ello, propuso que al CJF así como al Tribunal de Disciplina Judicial se integren representantes de trabajadores que provengan del sindicato, a fin de que haya un contrapeso del nuevo órgano de administración judicial y en el Tribunal.
Hay nepotismo en el Poder Judicial; la reforma es fundamental
Jaime Cárdenas Gracia, investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, consideró que hay un gran problema de nepotismo en el Poder Judicial, federal y local, ya que, en la carrera judicial, casi el 84 por ciento de los concursos son cerrados y es un poder con muchos privilegios en los salarios y las prestaciones; de ahí que la reforma es fundamental.
Planteó que la elección de las ministras, ministros, jueces y magistrados debe ser el mismo día del resto de las autoridades electas. Estimó que el Tribunal de Disciplina Judicial debe ser poderoso y capaz de superar el secreto fiscal, bancario, ministerial y fiduciario, así como tener facultades para asegurar bienes y congelar cuentas de funcionarios judiciales. Pidió que en la reforma secundaria se establezca un catálogo de faltas administrativas y de delitos.
La propuesta al Poder Judicial fortalece la democracia
La abogada y maestra en Derecho Internacional en Derechos Humanos, Gabriela Díaz Salinas, argumentó que la nueva composición de la Suprema Corte plantea que todos los asuntos los resolverá el Pleno, en lugar de las dos Salas que existen actualmente para hacerlo, lo cual favorece a la democracia, porque se podrá conocer ahora a quienes conformarán este tribunal y permitirá restaurar el equilibrio de poderes.
Consideró que la propuesta del Instituto de la Defensoría Pública es un error, en virtud de que los defensores públicos están muy saturados, En este sentido, se pronunció porque se les recorten prebendas innecesarias a los ministros, como camionetas, seguro de gastos médicos mayores, lo cual es ilegítimo democráticamente, y con esos recursos, fortalecer a los tribunales y juzgados que tengan mayor necesidad.
Integrar la SCJN conforme a circunscripciones, circuitos o regiones
Al referirse a la nueva integración del Pleno de la SCJN, el integrante del Sistema Nacional de Investigadores y Constitucionalista, Javier Hurtado González, dijo que la iniciativa cuestiona el supuesto prejuicio de que quienes hacen las leyes pueden ser electos y quienes las integran no, y se revisa el concepto de autonomía del Poder Judicial pues esta se ha tergiversado. “La autonomía es de la función jurisdiccional, no del Poder Judicial, no puede haber en el mundo ni en una democracia un Poder autónomo e independiente, es un absurdo y una contradicción histórica”.
Propuso que en lugar de una lista de 30 candidaturas de las que se va a integrar la SCJN sean tres listas divididas en igual número de circunscripciones, circuitos o regiones con candidatos oriundos o que hayan hecho su carrera profesional en alguna de las entidades de esa delimitación.
