Lo sucedido en las últimas horas en la Cámara de Diputados es el prólogo de una reforma al Poder Judicial que avanza en la aceptación de su inevitabilidad.
Mientras los legisladores de Morena advierten que harán valer su mayoría para que jueces, magistrados y ministros sean electos en las urnas, éstos se prepararan para la guillotina.
Los riesgos enumerados en el foro inaugural no habrán de conjurarse, aun cuando la coalición legislativa oficialista les tome la palabra a quienes propusieron gradualidad.
Porque los acontecimientos del jueves en San Lázaro nos permiten concluir que, dado que “el irreductible” de la reforma no es negociable, tampoco podrá desactivarse su peligro mayor.
El irreductible es la elección por voto popular de los juzgadores, según lo declarado por Ignacio Mier y Ricardo Monreal, al frente de las bancadas de Morena en el Congreso.
Y, a juzgar por los mensajes que los 11 ministros dieron este 27 de junio ante los parlamentarios de la mayoría gobernante, ya no habrá más resistencia ni oposición.
El fin de ciclo del Poder Judicial está trazado y es evidente que sus jerarcas, líderes, pensadores y encumbrados juristas han doblado las manos. Ni siquiera se observa una estrategia común entre ellos, sino acaso la defensa que cada una y cada uno, a su modo y desde su ubicación en el tablero político, logró armar.
Aunque siendo justos hay que aclarar que, con excepción de la ministra Lenia Batres, sus otros 10 compañeros dejaron registro de peligros, alertas y atenuantes.
Uno: los problemas que la iniciativa del presidente López Obrador busca resolver con la reforma podrían agravarse.
Dos: si el voto popular habrá de prosperar, deberá sustentarse en la ya existente carrera judicial que la propuesta busca destruir.
Tres: cambiar la forma de elección de los juzgadores no resolverá el rezago de justicia y sí podría profundizar la crisis de derechos humanos.
Cuatro: erradicar el sistema de méritos que sustenta el sistema de impartición de justicia implicaría enterrar sus posibilidades de independencia y autonomía.
Cinco: la reparación del daño a las víctimas no depende únicamente del Poder Judicial.
A continuación, algunas citas que ilustran esas advertencias.
Ministro Jorge Pardo: “Sustituir en un solo momento a más de 1,600 personas juzgadoras federales, además de la totalidad de las ministras y ministros de la SCJN, generaría un desajuste importante en el funcionamiento e integración de los órganos impartidores de justicia federales”.
Ministro Juan Luis González Alcántara: “La iniciativa sí pone en riesgo el acceso a una justicia independiente e imparcial para millones de personas (…) Se deja de lado la carrera judicial, se deja de lado el mérito, se deja de lado la experiencia, estamos politizando los nombramientos; la ciudadanía va a elegir en las urnas, pero los candidatos van a pasar por un filtro político”.
Ministro Javier Laynez: “El cargo de juzgador no puede sustentarse en los apoyos directos o indirectos que recabe durante la campaña para lograr ganar la elección, porque de manera inevitable comprometerá la independencia y resolución y estará más propicio a la corrupción de conflicto de intereses”.
Ministra Yasmín Esquivel: “Requerimos jueces por elección popular, sí; y que quienes participen cuenten con la preparación jurídica y el conocimiento de las materias sobre las cuales van a juzgar. La elección progresiva, sobre la que gira mi propuesta, consiste en la aplicación de elecciones populares sucesivas para ir cubriendo en forma escalonada aquellos cargos que queden vacantes”.
Ministra Loreta Ortiz: “Los procesos deben asegurar que haya criterios de selección ineludibles basados en el mérito”.
Ministro Luis María Aguilar: “No debemos destruir lo que hemos construido durante tantos años; aprovechemos la carrera judicial y, si se puede, combinar con la elección popular, mientras no se pierda la independencia, vamos por buen camino”.
Ministro Alberto Pérez Dayán: “La prisa no es un buen consejero. Los arrebatos, como la nacionalización de septiembre de 1982, que desencadenó y culminó con el Fobaproa de 1996, resultaron dolorosos y socialmente muy costosos”.
Ministra Margarita Ríos Farjat: “Conveniente tener cuidado de no denostar lo que las generaciones de mexicanos y mexicanas han forjado a lo largo de su vida. Se vulneraría no solamente su memoria y nuestra historia, sino que se menoscaba la serenidad y esperanza de la generación actual”.
Ministra presidenta Norma Piña: “La justicia no es sólo una cuestión de leyes y tribunales. La justicia es una cuestión de derechos humanos, de equidad, de ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo con toda claridad: la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial”.
Frente a estas advertencias y propuestas, los legisladores de Morena respondieron con el mensaje de venganza del exministro presidente Arturo Zaldívar, quien acusó a sus excompañeros, con dedicatoria a su sucesora, de haberse sometido a la oligarquía, la oposición y “la comentocracia”.
Fue una celada, una descortesía parlamentaria, un acto de misoginia y saña digno de los regímenes dispuestos a la autocracia y la persecución de quienes discrepan. Después de esta ominosa señal, no queda duda de que por más que algunos diputados ofrezcan que ahora sí se moverán puntos y comas, la destrucción institucional se asoma en fondo y forma.
La única incógnita a despejar es si esta vergonzosa estampa es parte de “la continuidad sin ruptura” que ofrece la presidenta electa Claudia Sheinbaum.
