Norma Piña, Ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pidió durante el primer foro de nueve en los que se debatirá la Reforma Judicial que en esta discusión “debe pesar más la celeridad que la idoneidad”. Y aunque dijo compartir “el objetivo de mejorar la justicia en México”, sostuvo que ésta “no es un monopolio del Poder Judicial”.
Inmediatamente después del discurso de la Ministra presidenta, su antecesor, el Ministro en retiro Arturo Zaldívar, quien se ha sumado al equipo de la virtual Presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, criticó el manejo que ha dado a la Corte Norma Piña al señalar que desde que inició su mandato en la SCJN y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en enero de 2023, “se tomó otra decisión, destruyeron todo lo que se hizo y se confrontaron con los otros poderes del Estado”.
“Se regresó al nepotismo como cultura, se quitaron políticas de paridad de género, se acrecentó la lejanía con el pueblo de México. La Suprema Corte se convirtió en defensora de las elites, de los poderosos, de la derecha, decidió otorgarle a la oposición en una sentencia lo que habían perdido en las urnas, pero lo peor es que decidió intervenir en el proceso electoral de manera descarada con los hechos que hoy son públicos”.
Dijo que todo esto se hizo “con la máscara de la supuesta independencia pero olvidaron que el pueblo no es tonto y que mandó un mensaje el pasado 2 de junio, de que se requiere una Reforma Judicial, una justicia diferente. Casi 36 millones de votos dijeron no más injusticias, queremos un Poder Judicial sensible, cercano a la gente, con humanismo y más democrático. Tenemos un claro mandato popular que no podemos traicionar, votaron por el plan C y para que elijamos a jueces y juezas en las urnas mediante el voto popular. La justicia no es un privilegio, es un derecho, devolvamos la justicia a quien le pertenece para que por fin sea una realidad la máxima de todos los derechos para todas las personas”.
Los 11 ministros de la Suprema Corte acudieron esta jueves a la Cámara de Diputados al foro “¿Qué Poder Judicial tenemos? ¿Qué Poder Judicial queremos?”. Ahí reconocieron que se puede llevar a cabo una elección de los impartidores de justicia, pero pidieron que se lleve a cabo de manera escalonada. E incluso propusieron, en el caso del Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, que el voto directo puede ser para decidir la permanencia de jueces, magistrados y ministros, no para reemplazar todos los cargos.
La Reforma Judicial fue propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y respaldada Claudia Sheinbaum Pardo. Su punto nodal es la elección popular de ministros, jueces y magistrados. Pero no sólo eso. La iniciativa contempla también disminuir de 11 a 9 los miembros del pleno de la SCJN, resolver con mayor celeridad los asuntos que lleguen ante togados e implementar una política de austeridad.
“La justicia no es solo una cuestión de leyes y tribunales, es una cuestión de derechos humanos, equidad, ética y de dignidad que involucra a todas las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Resulta esencial decirlo, la justicia en México no es un monopolio del Poder Judicial, pensar en una reforma implica como mínimo reflexionar sobre el papel que desempeña como piedra angular al resolver de manera imparcial e independiente los conflictos que surgen en una sociedad democrática”, dijo la Ministra Norma Piña quien pidió ser de las últimas oradoras, aún cuando estaba contemplado que fuera la primera de los miembros de la Corte en tomar la palabra.
Piña Hernández sostuvo que sí se debe criticar al Poder Judicial de la Federación pero con “verdad, datos ciertos, cifras correctas en sus contextos, critiquemos con honestidad, con responsabilidad de Estado, convencidos de que escuchar es la clave para un cambio, abierto a un diálogo real, responsable pero para dialogar se requiere voluntad de reflexión, resolvamos nuestras diferencias en el entendimiento”.
“En la Reforma Judicial que hoy nos convocan no debe pesar más la celeridad que la idoneidad, las víctimas y quienes acuden al sistema de justicia, merecen ser atendidos por personas honestas con vocación de servicio, empáticas y capacitadas. Estoy convencida de que en nuestras distintas visiones encontraremos más coincidencias que divergencias, construyamos sobre derechos y libertades de las y los mexicanos”.
El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo fue quien comenzó las intervenciones de los miembros de la SCJN. Dijo que el esquema para elegir estos cargos por voto directo de la ciudadanía no le parece idóneo, aunque aceptó que pueda realizarse poco a poco:
“Me parece que la implementación de ese cambio trascendental, es decir, el sustituir en un solo momento a más de mil 600 juzgadores y ministros de la SCJN generaría un desajuste importante de los órganos de impartición de justicia federal”, por eso propuso que la sustitución de estos cargos sea gradual y con eso se reduzcan las afectaciones a los usuarios del Poder Judicial.
Jorge Mario Pardo Rebolledo comentó que, con base en sus 40 años de servicio, la carrera judicial y los concursos por los que se acceden a los puestos de jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros y ministras constituyen una vía adecuada para quienes conforman la estructura de dicho poder.
“El Consejo de la Judicatura Federal recibe las denuncias de posibles actos de corrupción así como de posibles faltas administrativas cometidas en el empleo de las funciones y de seguir los procedimientos adecuados para sancionar servidores actuado indebidamente. Tengo la convicción de que la mayoría presta su servicio con profesionalismo y que los casos de concepción son la excepción no la regla. Claro que hay áreas de oportunidad en las que se debe mejorar y evolucionar en aras de atender mejor”, agregó.
La siguiente en tomar la palabra fue la Ministra Lenia Batres Guadarrama quien comenzó su intervención asegurando que en el Poder Judicial de la Federación “hoy las puertas están abiertas al tráfico de influencias y cerradas al pueblo de México, el Poder Judicial es independiente ciudadanos no de los poderes fácticos”.
En ese sentido, al señalar que es una “reforma histórica”, expuso sus propuesta para complementar con lo siguiente: limitar interpretaciones y resoluciones, absteniéndose de revivir normas que el Congreso de la Unión ha abrogado o derogado, y de emitir estándares, lineamientos y parámetros dirigidos a regular la función ejecutiva o legislativa; eliminar la invasión judicial en nombramientos de funcionarios de la administración pública y de magistrados de tribunales administrativos o agrarios; transparentar la actuación de los órganos jurisdiccionales abriendo las sesiones de la Suprema Corte.
Luego habló el Ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien refirió que de aprobarse en sus términos la reforma al Poder Judicial, “no ofrece solución a los problemas que aquejan al país pero sí pone en riesgo el acceso a la justicia independiente e imparcial para millones de personas, sin embargo, ya no es momento para generacionismo sino para contribuir y dialogar la iniciativa”.
“Las personas juzgadoras son la cristalización de la carrera judicial, mucho se ha dicho de la elección popular pero pongámonos de acuerdo, porque la iniciativa dice que sean elegidas por la ciudadanía pero la convocatoria no es abierta, serán postuladas por los Poderes de la Unión. Veo varios problemas en esto, el primero es que se deja de lado la carrera judicial, el mérito, la experiencia, estamos politizando los nombramientos, los candidatos pasarán por un filtro político… El voto directo puede ser para decidir su permanencia, no para reemplazar todos los cargos”.
El Ministro Javier Laynez Potisek se posicionó en contra de la Reforma al Poder Judicial pues dijo que la carrera judicial y los concurso, esquema por el cuál se eligen jueces, magistrados y ministros implementada hace 30 años, no ha traído corrupción, impunidad o tráfico de influencias: “sigo convencido que la mayoría de personas juzgadoras son mexicanas y mexicanos mayormente honestos, que están ahí por méritos y dan su mejor esfuerzo para impartir justicia”.
“Claro que hay problemas y deficiencias, menciono una que es la incapacidad que hemos tenido para comunicarnos con la sociedad, para transmitirle qué hacemos, quiénes somos y cómo lo hacemos pero considero que la votación popular no es la solución a los problemas del Poder Judicial y temo que esta propuesta pueda agravar estos problemas”, dijo.
La Ministra Yasmín Esquivel Mossa se mostró a su vez a favor de la reforma pues dijo que “el mandato popular no se puede negar”, pero expuso una propuesta, la de las elecciones populares sucesivas para renovar todos los cargos de manera escalonada: “para ir cubriendo de forma escalonada aquellos cargos que queden ausentes por diferentes motivos, que las posiciones se vayan ocupando gradualmente por la elección directa que garantice altos estándares de calidad, elevar nivel técnico de todas las personas juzgadoras para lograr la renovación total y paulatina”.
“Me permito entregar a esta soberanía mi propuesta que contiene 7 puntos esenciales: la elección popular de todos los integrante de la SCJN y del Tribunal de Disciplina Judicial, la sustitución progresiva de jueces y magistrados, garantía de idoneidad y excelencia de los perfiles, respeto derechos labores, observancia de la paridad de género, jueces cercanos a la gente y justicia para todas las personas por igual”.
En contra de la reforma, tal y cómo está, se pronunció el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien advirtió que una reforma constitucional “mal hecha” afectará la economía nacional: “la independencia judicial es la venda que le tapa los ojos a la justicia, una reforma mal hecha afectará la economía nacional mientras que una exitosa potencializará el poder económico. Asumiendo que el poder reformador decida instaurar un modelo de elección popular es importante considerar el impacto económico de un mal diseño, costo para quienes usan el sistema de justicia ya que no participar ocasionará que haya juzgadores contrario a sus intereses”.
Gutiérrez Ortiz Mena dijo que una mejor reforma podría ser al sistema meritocrático de carrera judicial pero que si la decisión es la reforma al Poder Judicial con la medida del voto directo de la ciudadanía, se deben incluir remedios a problemas ya presentes que podrían agravarse como la profesionalización de la función judicial mediante la capacitación permanente con escuela judicial autónoma.
El séptimo Ministro en hablar fue Alberto Pérez Dayán, quien coincidió con la justificación de la reforma al Poder Judicial. “Las instituciones del Estado no han alcanzado el nivel de satisfacción y certidumbres que demandan la sociedad”. Pero señaló que toda reforma constitucional impone un estudio profundo. “La prisa no es un buen consejero, no es recomendable tomar riesgos alguno”, expresó.
Pérez Dayán, como sus compañeros, habló de la carrera judicial al mencionar que la militancia que implica el voto directo de la ciudadanía, la desvirtúa: “la división de poderes, el sistema de frenos y balances caracterizan y dan fuerza a regímenes democráticos y modernos, esta es una oportunidad para la nación de sumar la experiencia legislativa, judicial y ejecutiva, y que los tres poderes refrenden su compromiso de gobierno con su pueblo”.
La Ministra Loretta Ortiz Ahlf, en su intervención, se enfocó en los mecanismos de elección de los altos cargos del Poder Judicial que propone la iniciativa, es decir, el voto directo de la ciudadanía. Dijo que los estándares internacionales no establecen un modelo ideal de elección de jueces porque es un ejercicio soberano de cada Estado pero recordó que la CIDH ha señalado que, desde una perspectiva sustancial y con independencia, deben existir garantías que aseguren que éstos no sean realizados ni percibidos como una decisión de carácter política que afecte a los justiciables.
“Dentro del sistema interamericano los criterios de selección deben ser objetivos, basados en el mérito personal y profesional, dejemos atrás la aplicación pasiva para colocar en el centro a las personas justiciables”, agregó.
Continuando con las intervenciones, la Ministra Margarita Ríos Farjat sostuvo que “una buena reforma legislativa” tiene cuatro características: “orientada resolver problemas según la realidad; no desarreglar lo que funciona; debe ser económica; implementarse con sencillez”. Para que eso se cumpla, compartió sus ideas opuestas a la reforma al Poder Judicial como el fortalecimiento de los poderes judiciales de los estados, fortalecer la escuela de formación judicial del Poder Judicial para capacitar a los profesionales de los poderes judiciales locales.
“Tercer tema, se opina que falta dimensión social en la Judicatura, yo creo que no pero siempre es posible mejorar por lo que es mejor un ajuste a la carrera judicial para que incluyan un año de servicio social jurídico, donde tanta falta hace pero la carrera judicial no debe desaparecer para que siga siendo una de las más profesionales de México”.
También propuso clínicas de asesoría jurídica gratuita que la Defensoría Pública con universidades capaciten a jóvenes abogados para que brinden ayuda legal en comunidades marginadas, “no solo ayudar cuando hay problema, evitarlos, y esto quedó en el tintero del Presidente López Obrador”.
El Ministro Luis María Aguilar Morales habló, sustancialmente, de la independencia de las personas juzgadoras y que es la carrera judicial la que garantiza este derecho que dijo es del pueblo, no de los jueces. “Se habla de una Reforma al Poder Judicial como si solo hubiera un bloque pero son dos grandes bloques, no descuidemos la justicia de los estados donde es necesario un sistema mucho más estricto de selección de los juzgadores, que no sean los gobernadores lo que elijan a los magistrados porque, insisto, la carrera judicial es la que garantiza la independencia de los juzgadores”.
“No niego que puede perfeccionarse al Poder Judicial pero siempre en el bienestar del pueblo que es a quien está dirigida la justicia, si tenemos en cuenta esto, aprovechemos la carrera judicial y si se puede combinar de manera eficiente con la elección popular, que se haga, mi única condición es que jueces y juzgadores sean independientes, mientras no se pierda eso, vamos por buen camino”, señaló Aguilar Morales.
Tanto Jorge Romero Herrera, coordinador de los diputados del PAN, como Rubén Moreira, líder de la bancada del PRI, reconocieron la necesidad de llevar a cabo una Reforma Judicial, pero matizaron que debe respetarse la independencia del Poder Judicial.
Acción Nacional, lo decimos, tenemos auténtica fe en que este sea el inicio de espacios de diálogo, de escucharnos”, sostuvo Romera Herrera, quien admitió que “hay cuestiones con las que coincidimos y en las que habremos de coincidir” con el oficialismo. Aunque aclaró que donde centrarán su debate es “en no perder con un nuevo modelo la independencia que deben tener sustancialmente las mujeres y los hombres que juzguen en este país”.
Por su parte, Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, consideró que la iniciativa de la reforma al Poder Judicial requiere de tiempo para discutirse. Reconoció a Ignacio Mier por la apertura al diálogo. También manifestó que México requiere un Poder Judicial que cuente con todos los recursos, algo que, consideró, no se ha garantizado
En tanto, el Senador Ricardo Monreal como el Diputado Ignacio Mier Velasco, coordinadores de Morena en ambas Cámaras, se mostraron dispuestos a escuchar todas las propuestas y prometieron ser responsables. Mier Velasco detalló que hay apertura al diálogo, pero añadió: “con toda honestidad, de manera enfática, manifestar cuáles son para nosotros los irreductibles que nos planteamos, derivado de ese mandato popular, al que no podemos ni mentir ni traicionar. De tal manera que la conformación de la Suprema Corte, la reforma a la Judicatura Federal, la legitimidad democrática de quienes integran los distintos órganos del Poder Judicial deben estar sujetos a la voluntad popular”.
El vicecoordinador del PT, Gerardo Fernández Noroña, sostuvo a su vez que se respetarán las posturas de los ministros, pero precisó que tendrán que llevar a cabo una “revolución al Poder Judicial” porque le darán al pueblo el poder de elegir a los integrantes de este poder, porque, sostuvo, así fue el mandato del pasado 2 de junio. “Sí es un clamor del pueblo, el pueblo tiene hambre y sed de justicia”.
