“El proceso fue una elección de Estado que se caracterizó por no contar con un piso parejo, por la intervención del Presidente de la República, la violencia e injerencia del crimen organizado y el uso del aparato del Estado para promover la candidatura de la coalición Sigamos Haciendo Historia”, denunció el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, al informar que presentaron un Juicio de Inconformidad en contra de la elección a la Presidencia de la República, con el objetivo de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en apego a la legalidad anule la elección por las graves violaciones que se dieron durante el proceso electoral.
A través de un comunicado, Marko Cortés subrayó que Acción Nacional siempre advirtió desde el inicio del proceso electoral de las reiteradas intervenciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que violó los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda, utilizando las mañaneras para fungir como jefe de campaña de Claudia Sheinbaum desde el destape de las “corcholatas”, empleando todos los recursos públicos a su alcance para promover su candidatura.
El dirigente nacional del blanquiazul refirió que más allá de la diferencia del resultado electoral, el Partido Acción Nacional promovió un Juicio de Inconformidad, que tiene por objeto solicitar la nulidad de la elección, porque no podemos dejar de impugnar la elección presidencial, porque significaría validar una elección de Estado.
El líder nacional del blanquiazul denunció que hay constancia de 55 sentencias de la Sala Superior, donde se acreditó que el Presidente López obrador vulneró principios constitucionales e incurrió en infracciones electorales, generando una elección presidencial sin condiciones de igualdad para nuestra candidata Xóchitl Gálvez.
En el mismo tenor, insistió en que en todo el proceso se utilizaron de forma indebida los programas sociales que fueron dirigidos para descalificar a la oposición e influir y manipular el voto ciudadano.
Asimismo, Marko Cortés acusó que sumado a la injerencia del huésped de Palacio Nacional en la contienda, el proceso electoral estuvo marcado por un clima de violencia generalizada e intervención de grupos del crimen organizado, donde se alcanzó una media de 10 asesinatos por mes, con un total de 310 asesinatos en todo el proceso electoral, entre candidatos, personas allegados a ellos e incluso militantes, de acuerdo con Data Cívica.
Derivado de los homicidios y amenazas de grupos criminales, 2 mil 210 candidaturas presentaron sus renuncias a buscar algún cargo público y 15 mil 929 sustituciones de funcionarios del INE, aunado a la imposibilidad de instalar 227 casillas previo a la jornada electoral, afectando directamente a 170 mil 250 ciudadanos. Todo ello, solo explicado por la intervención del crimen organizado.
Como consecuencia de la violencia, más allá de la diferencia del resultado electoral, el Partido Acción Nacional promovió un Juicio de Inconformidad, que tiene por objeto solicitar la nulidad de la elección, porque no podemos dejar de impugnar la elección presidencial, porque significaría validar una elección de Estado.
En este contexto, Marko Cortés destacó que la Sala Superior deberá valorar todos los elementos en los que se desarrolló el proceso de manera previa a emitir la calificación de la elección Presidencial, además de tener el deber de resolver todas las quejas y denuncias que se encuentran pendientes de resolución, emitir garantías de reparación y no repetición sobre las intervenciones del Ejecutivo Federal, sobre los hechos de violencia e intervención del crimen organizado y el impacto de todos estos actos en la pasada elección.
