Octavio Campos Ortiz /
Hace seis años, el entonces candidato de la 4T ofreció el oro y el moro, prometió sacar de la postración a millones de mexicanos y reducir la pobreza, meter a la cárcel a quienes cometieron latrocinios en detrimento del erario, acabar con la evasión fiscal, presumió un crecimiento del 8 por ciento en su sexenio, ser autosuficientes en materia energética y reducir el precio de la gasolina, garantizar la seguridad de la ciudadanía y acabar con el crimen organizado -ya que al día siguiente de su toma de posesión los sicarios dejarían las armas para tomar un tractor-, todavía no anunciaba el sistema de salud como en Dinamarca, pero desapareció el Seguro Popular para instalar otro organismo de cobertura universal, entre otras propuestas de gobierno
Pero la terca realidad exhibió el verdadero objetivo de la 4T, posicionar un populista proyecto político para mantener a la población en márgenes de pobreza y utilizarlos con fines electorales para retener el poder mediante un sistema antineoliberal; la distribución equitativa de la riqueza no está en los proyectos del nuevo socialismo latinoamericano.
Ya en Palacio Nacional olvidó lo prometido y arremetió contra la clase empresarial con una cacería fiscal que permitió ingresos extraordinarios al gobierno para financiar en parte los programas asistencialistas, desapareció fondos y fideicomisos -muchos de los cuales ya no se pudieron aplicar en casos de emergencia-, despidió a miles de burocráticas, redujo salarios, afectó los presupuestos de organismos autónomos independientes, de universidades e instituciones de ciencia y tecnología. A pesar del billonario presupuesto concentrado no ha sido suficiente para solventar las pensiones de los viejitos y las becas de los ninis, por lo que en las postrimerías del sexenio atracaron a los jubilados con 40 mil millones de pesos, lo que tampoco resuelve el problema del fondeo de los programas sociales. La pandemia es otro suceso que afectó gravemente al país. La tardía, torpe y negligente estrategia para combatir el flagelo de la COVID-19 creó un grave problema de salud pública y un retroceso en la economía.
¿Qué legado deja el presidente? Aunque las autoridades hacendarias presentan cuentas alegres como el crecimiento anual del 2 por ciento, la creación de medio millón de empleos, aumento del 3.4 por ciento en recaudación tributaria. Hay que recordar que en 2019 el crecimiento fue inferior al 1 por ciento, durante la emergencia sanitaria se registró un decrecimiento del -8 por ciento, lo cual da un promedio sexenal de 0.8, 0.9 por crecimiento, es decir crecimiento cero. En cuanto a los impuestos nunca quiso hacer una reforma fiscal, donde campea el comercio informal. Tampoco se pudo controlar la inflación y hubo una crisis económica equiparable a la de 1932. Prometió atender a los pobres y reducir la pobreza, pero solo la administró, generó más desposeídos -54 millones-, e incluso incrementó la pobreza extrema, la miseria y la pobreza laboral; estudios de la UNAM revelan que de los 40 millones de niñas, niños y adolescentes que habitan en México, la mitad vive en condiciones de pobreza y 150 mil infantes son reclutados por el crimen organizado.
Ofreció acabar con la corrupción, pero ni un pez gordo del pasado está en la cárcel y mucho menos corruptos de su administración o parentela. COPARMEX denunció que cinco de cada diez empresas son víctimas de la corrupción oficial y en los índices mundial que miden corrupción, democracia y gobernabilidad estamos al final de la tabla, junto con un puñado de países dictatoriales. Falaz argumento el pañuelito blanco y la erradicación de la corrupción.
Renunció al principio primigenio del Estado: la seguridad. No combatió al crimen organizado y la estrategia fallida de los abrazos y no balazos deja un país ensangrentado con 185 mil homicidios dolosos y una proyección de 200 mil al término del régimen, casi 11 mujeres asesinadas al día, 100 mil desaparecidos, la pérdida de la gobernabilidad en buena parte del territorio nacional y el incremento de la violencia política que amenaza con afectar los próximos comicios federales. Presumen la reducción de la incidencia delictiva con la manipulación de las estadísticas y sin poder disminuir la impunidad que es del 96 por ciento. La seguridad, gran asignatura pendiente.
La salud no es como en Dinamarca. Esta administración dejó sin servicios a 50 millones de mexicanos -los más pobres-, al desaparecer el Seguro Popular, creó una entelequia llamada INSABI que por inoperante y despilfarradora fue suprimida por otro adefesio, IMSS-Bienestar, a sabiendas de que el IMSS no puede atender a sus propios derechohabientes, dejó a niños sin tratamientos ni vacunas, amentó la mortandad de infantes con cáncer y regresaron enfermedades ya erradicadas, su pírrica batalla contra las farmacéuticas provocó el desabasto de medicinas y la creación de fraudulenta mega farmacia. La soberbia e ignorancia de las autoridades de un sistema de salud colapsado provocaron una respuesta a destiempo para atacar la epidemia, lo que provocó 850 mil muertes, de las cuales 300 mil evitables fueron por negligencia del gobierno. Estamos muy lejos de Dinamarca.
Ese es el país que deja la 4T.
