Vivimos en un país terriblemente violento donde el Gobierno Federal promueve la impunidad, el odio, engaño y la división de la sociedad, y ahora con la adición a la Ley de Amnistía atenta contra el dolor de las familias que claman justicia por haber sufrido algún acto o pérdida por la delincuencia en México, aseguraron las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI, que encabeza el coordinador Rubén Moreira.
En un comunicado las diputadas María del Refugio Camarena Jáuregui y Blanca Alcalá Ruiz, así como el diputado Víctor Manuel Galicia Ávila lamentaron que el Gobierno Federal no enfrente al crimen organizado y, en cambio, con su postura frágil lo fortalezca.
En ese sentido, consideraron contraproducente adicionar un artículo 9 a este marco jurídico para permitir que el Ejecutivo Federal pueda otorgar el beneficio de la amnistía directa sin sujetarse a los procedimientos previstos en la propia ley.
Camarena Jáuregui expuso que Morena ya no sólo quiere dar abrazos a los delincuentes, sino otorgarles impunidad por la vía del autoritarismo presidencial; esta administración será recordada por querer imponer una procuración de justicia endeble, raquítica y comparsa.
“En México los delitos que no se castigan por esta impunidad son los homicidios dolosos, los feminicidios, el abuso sexual, las desapariciones y los secuestros”, sostuvo para después subrayar que es tan grave la realidad que vive México que ocupa el sexto lugar de los países más violento del mundo y el número uno en América Latina.
Tras recordar que el 61 por ciento de los mexicanos consideran que su ciudad es insegura, manifestó que el PRI siempre será firme defensor de la justicia, la paz, la seguridad, la legalidad y la estabilidad, por lo que votaron en contra de la adición arbitraria a la Ley de Amnistía.
En su oportunidad, Alcalá Ruiz criticó que esta reforma vulnere el principio de justicia de las víctimas, al extinguirse las sanciones penales y sanciones impuestas. Afirmó que las personas ya no tendrán que reparar el daño a las víctimas y los bienes que sean producto del delito.
Acusó que, además, se podrá concluir el proceso penal a voluntad del Presidente de manera directa, un mecanismo que no tendrá supervisión alguna, mucho menos control de la impartición de justicia será la decisión presidencial, quien podrá afectar los derechos de terceros, de víctimas u ofendidos.
“Buscan una presidencia sin límites que representa una amenaza real de cara al relevo constitucional”, remarcó.
Por su parte, Galicia Ávila afirmó que esta propuesta pretende proteger a quienes han tenido señalamientos de corrupción y tráfico de influencias. Puntualizó que no existen razones de peso para que una persona sentenciada o bajo proceso penal reciba un perdón presidencial por sus delitos.
En entrevista, el coordinador Rubén Moreira precisó que la ley original de Amnistía, que se votó en 2020, era buena. La de hoy, dijo, solo tiene perversión pues viola los derechos humanos y premia a los delincuentes.
