• Son 24 estados y 250 municipios que hoy sufren las consecuencias de una política centralista, dejando a los pueblos en inanición y en clara alianza con la oligarquía mexicana.
• Su desaparición golpeó a las zonas de extracción minera que utilizaban estos recursos, para mejoramiento urbano y elevar la calidad de vida de los habitantes con infraestructura social.
• El gobierno federal desapareció 109 fideicomisos, cuyo saldo era de 68 mil millones de pesos, con la justificación de que había corrupción, sin que hasta el momento haya presentado una sola prueba.
Son 24 estados y 250 municipios que hoy sufren las consecuencias de una política centralista de Morena que destruyó el Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo Minero) para llevarse los recursos a otra parte, en lugar de seguir utilizándolo para recuperación ambiental, restaurar daños a los ecosistemas, para generar infraestructura, educación y mejores servicios públicos, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez.
El coordinador del Grupo Parlamentario del PRI en el recinto de San Lázaro condenó que Morena esté como en tiempos del porfiriato, dejando a los pueblos en inanición y en clara alianza con la oligarquía mexicana. Expuso que, a partir de 2019, estos recursos son controlados directamente por la Secretaría de Economía, no existe ahorro, como se pretendió justificar, sino sólo un cambio de bolsa de donde toma el dinero, de manera discrecional y sin rendición de cuentas, que deja en la opacidad su uso.
El líder congresista explicó que este fideicomiso, que se impulsó en el sexenio anterior, era muy importante, ya que hizo justicia a siglos de explotación minera, evitando que se llevaran la riqueza del suelo sin que se regresara nada. Detalló que surgió como parte de la Reforma Fiscal de 2013 para cobrar un impuesto especial de 7.5 por ciento sobre la utilidad operativa de las empresas extractoras de metales.
Desde su creación hasta su liquidación, precisó el legislador priista, este fondo manejó recursos por 22 mil millones de pesos, contando en junio de 2020, al momento de su liquidación, con 7 mil 463 millones de pesos, extinción que golpeó a todos estos municipios que utilizaban este fideicomiso, fundamentalmente, para mejoramiento urbano y elevar la calidad de vida de los habitantes en las zonas de extracción minera con obra de infraestructura social.
Moreira Valdez recordó que el gobierno federal desapareció 109 fideicomisos, cuyo saldo era de 68 mil millones de pesos, con la justificación de que había corrupción, cuando eran fiscalizados y con especial atención por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF); sin embargo, hasta el momento no ha presentado una sola prueba por esa acusación basada en supuestos.
“Con la decisión del gobierno de Morena se ven afectados municipios como Mazapil, Zacatecas; Nueva Rosita, Coahuila; Molango Hidalgo; Charcas, Cerro de San Pedro y Villa de La Paz, en San Luis Potosí; Sierra Juárez, Oaxaca; entre otros, que en esta Administración no han visto beneficios de las aportaciones fiscales que hacen las empresas mineras para mejorar las comunidades que se dedican a esta actividad”, concluyó.
