México Unido Contra la Delincuencia externa su preocupación ante la ausencia de documentos, informes o acciones oficiales que ordenen y demuestren que la Guardia Nacional (GN) dejó de estar bajo el control administrativo, operativo y presupuestal de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) para devolverlo a la de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), tal como lo ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en abril de 2023, con su Acción de Inconstitucionalidad 137/2022.
A 5 días de vencido el plazo que dio el máximo tribunal para acatar la sentencia, las autoridades aún no han dado a conocer el proceso para que la SSPC retome el control de la GN y los informes públicos referentes al despliegue y acciones de la GN durante los actos oficiales de comunicación han estado a cargo del Secretario de Defensa Nacional.
Desde MUCD exigimos que se transparente el seguimiento a la resolución, con indicadores cuantificables y verificables que permitan conocer el proceso de transición del control del cuerpo de seguridad de una a otra secretaría así como los criterios de control y supervisión de la GN una vez vuelva a estar a cargo de la SSPC. Al tiempo que incumplir con la resolución de la SCJN deriva en consecuencias para las autoridades responsables.
En la misma Acción de Inconstitucionalidad, además de ordenar la adscripción, la SCJN destacó el carácter estrictamente temporal y no permanente de la participación de las Fuerzas Armadas (FFAA) en la Guardia Nacional, por lo que extendemos nuestro llamado al Gobierno Federal para que, en el inicio de este año, aclare cuál es la ruta para el tránsito a una GN civil más allá de su adscripción así como qué acciones están tomándose para que el Ejército regrese a sus cuarteles en 2028, en cumplimiento con la sentencia de la SCJN.
Hasta ahora, la configuración de la GN dista mucho de cumplir con el carácter civil que dicta la Constitución pues, desde su creación se ha conformado entre un 70% y 80% por elementos de las policías militar y naval; con un comandante, mandos regionales, estructura y entrenamiento militares. Esta y otras acciones que han profundizado la militarización en México sólo han derivado en cientos de quejas por violaciones a los derechos humanos, múltiples evidencias de abuso de la fuerza y su poca capacidad para atender, controlar y reducir la criminalidad.
Es sabida la intención ya anunciada del presidente Andrés Manuel López Obrador de devolver a la Sedena el control de la GN con una nueva iniciativa legislativa. En tanto, es su obligación acatar la resolución de la SCJN.
