En lo que se denomina la tercera zona regional del transporte en el Estado de México, que abarca más de 10 municipios mexiquenses en los que se incluyen Ecatepec y Texcoco, empresarios de grúas de la región denuncian millonarias extorsiones por parte de autoridades municipales y estatales, a cambio de permitirles seguir operando.
Acusan directamente a José Alberto González Aguilar, director general de Movilidad Zona III, quien hace cobros de hasta 500 mil pesos mensuales a cada una de las más de 20 empresas que operan en la región.
Señalan que su principal interés –además de hacer dinero de manera ilícita- es que en los pocos meses que le quedan en esa gestión antes del cambio de gobierno estatal, logre la nominación como candidato de Morena a una diputación (local o federal, pues presume que le da igual), a pesar de que por el momento presta sus servicios al priismo mexiquense.
De manera anónima, los afectados comentaron que las extorsiones se basan en la Morena lo postule como su candidato a la presidencia municipal de Tlalnepantla.
“A quien corresponda y que pueda ayudar al transporte público sabemos que en septiembre se va pero antes de eso está haciendo un desmadre, denunciaron.
“Revisen a fondo y se darán cuenta de lo que hablamos le pedimos a las autoridades correspondientes y al gobierno federal.
Le pedimos a las autoridades correspondientes todo el transporte público que sea investigado el señor Roa que hoy finge ser el director de movilidad del Estado de México en muchos estados ha robado extorsionado que es su principal fuente de trabajo extorsionar con charola con un puesto de gobierno quemando a los partidos y a las instituciones con sus cuotas y sus preferencias y amistades y contactos que lo único que hace es desprestigiar a las instituciones del transporte.
Fuera Roa fuera Roa
Pedimos que ya se acabe con las extorsiones que realiza este señor…”
De igual manera, acusaron directamente al exsecretario de Movilidad estatal, Raymundo Martínez, actual presidente municipal de la capital del Estado de México, por el millonario desfalco aún no investigado a fondo en torno del Programa de Reciclaje Vehicular, realizado a mediados de la presente administración estatal, ya que –según acusan los interesados- suman cientos de millones de pesos que nunca fueron ingresados a las finanzas estatales, y se diluyeron en la corrupción de los funcionarios involucrados.
Parece que aún es tiempo para atacar focos de corrupción estatal, recalcaron los empresarios.
