El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por unanimidad que la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, sea inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género.
Durante la sesión de este martes 30 de mayo, la Sala Especializada del Tribunal discutió la denuncia que se presentó contra la mandataria, luego de las manifestaciones que realizó contra diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en julio de 2022 en medio de una emisión de su programa El Martes del Jaguar, al considerar que existieron algunos actos de violencia.
Con base en la discusión que se tuvo entre los magistrados, la militante del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) habría incurrido en violencia verbal, psicológica, digital, simbólica y sexual en contra de las legisladoras priistas.
Además de ser inscrita en el padrón nacional de personas agresoras, el TEPJF dictó como medida cautelar que la mandataria local ofrezca disculpas pública, mediante sus redes sociales, a las diputadas a las cuales agredió. Incluso, se señaló que las personas infractoras deben de asistir a un curso enfocado a la promoción y protección de los derechos de las mujeres.
La sentencia también incluyó a algunos medios de comunicación, así como algunos periodistas por replicar la información, por lo que las publicaciones —tanto de la gobernadora como de los medios— tendrán que ser retiradas de los sitios donde se almacenen.
“Si lo que pretendía la gobernadora y todos estos medios de comunicación era criticar al dirigente del PRI, seguramente hubiera tenido muchos más recursos que tienen que ver directamente con su actividad pública y política, que tomar este discurso de aparente protección de otras mujeres”, expresó la magistrada Gabriela Villafuerte.
Conviene aclarar que Layda Sansores San Román aún puede impugnar la decisión del Tribunal Electoral; no obstante, en caso de que no ejerza dicho derecho, la sentencia tendrá efecto y, una vez que concluya su mandato, por determinado tiempo no podrá postularse para algún cargo de elección popular.
