Este domingo 30 de abril se reanudó la audiencia contra el titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, en donde podría ser vinculado a proceso por su presunta responsabilidad por el delito de ejercicio indebido del servicio público, esto en referencia a la tragedia en Ciudad Juárez, Chihuahua, en donde murieron 40 migrantes.
Alrededor de las 21:30 horas, tras más de 10 horas de audiencia, se dio a conocer que el funcionario fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio en una estación migrante en el norte del país, luego de que el juez determinara que sí había pruebas para considerar que Garduño habría sido omiso en el cumplimiento de sus funciones.
Se informó que el comisionado se reservó su derecho a rendir declaración; no obstante, se estableció un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
De acuerdo a lo que se conoce, la Fiscalía General de la República (FGR) habría presentado documentos que acreditarían que el funcionario tiene —ya que sigue en el cargo— entre sus funciones el salvaguardar y proteger a los migrantes, así como las instalaciones del instituto “sin perjuicio de que lo hicieron también sus subordinados”.
Conviene recordar que la audiencia de este día fue aplazada el pasado 28 de abril; no obstante, aquel día el Ministerio Público acusó formalmente ante el juez federal Víctor Mario Hernández Calderón y a Francisco Garduño por el delito antes cometido al considerar que ambos personajes habrían sido omisos en sus obligación de vigilar y proteger a las personas que se encuentren en las estaciones de migración.
Asimismo, aunque las partes se reservaron su derecho a declarar, la parte acusatoria sentenció que el daño a las instalaciones en Ciudad Juárez, derivado del incendio, ascienden a más de un millón 893 mil pesos.
No obstante, a la salida de la audiencia, el abogado del titular del Instituto Nacional de Migración, Rodolfo Pérez Velázquez, informó que la FGR solicitó prisión preventiva para su cliente, además de ordenar la separación del cargo, así como prohibición de salir del país y vigilancia; sin embargo, el juez federal consideró la medida como desproporcionada y excesiva.
