Diputadas y diputados de la Comisión de Asuntos Migratorios, de las bancadas del PAN, PRI y MC, exigieron a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigar a fondo la tragedia ocurrida en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tuvo un saldo de al menos 39 personas muertas provenientes de Centro y Sudamérica
En conferencia de prensa, acompañados por representantes de organizaciones de defensa de migrantes, exhortaron al Gobierno Federal a reconocer su responsabilidad en este caso y hablar con seriedad y claridad sobre éste, ya que, refirieron, el presidente de la República dijo que los hechos habían ocurrido en un albergue para migrantes y, a su vez, el INM informó que interpuso una denuncia para que se investiguen los hechos “como si no tuviera nada que ver”.
Asimismo, llamaron a las autoridades del Gobierno Federal a permitir a las organizaciones de defensa de migrantes entrar a las centros y estaciones migratorias para constatar y vigilar que realmente se respeten los derechos de las personas migrantes.
La diputada Sofía Carvajal Isunza (PRI), integrante de la Comisión de Asuntos Migratorios, apuntó que en esos hechos las autoridades migratorias se vieron rebasadas y se mostraron “totalmente irresponsables e incompetentes para garantizar, ya no digamos los derechos humanos de las personas migrantes, sino sus vidas”.
“Estos hechos enseñaron las carencias del INM; su falta de protocolos para atender a las personas migrantes, protocolos que implican un trato humanitario y digno que deben recibir el trato mínimo que se les debe dar para atender sus necesidades básicas. Se evidenció la falta de instalaciones apropiadas sin salidas de emergencia, falta de capacitación del personal migratorio, y todo achacable a la falta de presupuesto”, agregó.
Finalmente, llamó a las y los diputados de la actual Legislatura a eliminar urgentemente del marco jurídico la figura de la detención migratoria, ya que “se aplica de forma arbitraria y desproporcional a quienes intentan ingresar a nuestro país, principalmente de Centro y Sudamérica; pongamos en el centro a las personas migrantes y garantizamos su vida. Hagamos este trabajo desde el Poder Legislativo”.
La diputada Rosa María González Azcárraga (PAN), presidenta de la Comisión de Asuntos Migratorios, exhortó al titular del Ejecutivo Federal a girar instrucciones a la Secretaría de Gobernación para que el INM rinda cuentas claras y asuma su responsabilidad, “porque es sabido por todos que a los migrantes los tratan como delincuentes en estos recintos migratorios y los despojan de sus pertenencias”.
“Por otro lado también exigimos se dé una revisión exhaustiva a todos y cada uno de los recintos migratorios en México a fin de dignificar los derechos humanos de las personas que allí residen, que se permita el acceso de las asociaciones civiles y defensores de los derechos humanos de migrantes a fin de revisar las condiciones en las que se tienen a estas personas que son de máxima vulnerabilidad en el país”, dijo.
“Los centros migratorios, lejos de ser centros humanistas como nos han estado diciendo en el Consejo Consultivo, son más bien pequeñas cárceles para los migrantes, donde los privan de la libertad, no les dan derecho a un defensor público y no les dan derecho a tener un celular para poder comunicarse”, concluyó.
La diputada Elvia Yolanda Martínez Cosío (MC), secretaria de la Comisión de Asuntos Migratorios, dijo que se sienten indignados “por la irresponsabilidad y la falta de sensibilidad del Gobierno Federal para garantizar los derechos humanos de los migrantes que pasan por el territorio nacional”
“Condenamos la actuación del INM por no tener un protocolo para salvaguardar la vida de quienes se encuentran en los centros de migración de nuestro país, y aparte de que no tienen protocolo, no tienen una mínima sensibilidad. condenamos la falta de políticas públicas de este Gobierno y su corta visión que no contempla un presupuesto de egresos responsables que atienda las necesidades mínimas y primordiales de los y los extranjeros que se encuentran en el territorio nacional”, manifestó.
La diputada Mariana Gómez del Campo Gurza, secretaria de la Comisión de Relaciones Exteriores, reprobó que el INM haya interpuesto una denuncia “como si no tuviera nada que ver con los hechos para tratar de lavarse las manos”.
“Hay que decirlo fuerte y claro, los migrantes estaban bajo la custodia del Estado mexicano, y esto demuestra una vez más la falta de capacitación y protocolos en el Instituto Nacional de Migración. Pura negligencia criminal”, expresó.
La diputada federal por Chihuahua, Daniela Soraya Álvarez Hernández (PAN), secretaria de la Comisión de Asuntos Frontera Norte, señaló que la tragedia en el centro del INM “no fue un accidente, los dejaron morir; cómo puede ser posible que sucedan este tipo de cosas y cómo puede ser posible que el Presidente de la República salga y trate de lavarse las manos diciendo que era un albergue, no era un albergue, los tenían encerrados, por eso no pudieron salir”.
“Ya vimos que los dejaron morir, y esto tiene un nombre y un apellido. El responsable de la política migratoria en este país es el secretario Adán Augusto López Hernández, por lo que estoy solicitando su renuncia inmediata. Si el señor no puede cumplir con una responsabilidad tan importante como es la política migratoria nuestro país, que presente su renuncia en lugar de andar en campaña”, enfatizó.
Por su parte, el diputado Ildefonso Guajardo Villareal (PRI), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, apuntó que tras los hechos ocurridos en Ciudad Juárez, “con qué cara podemos exigir y con qué integridad moral el respeto a los migrantes de nuestro país, si no garantizamos lo mismo a los migrantes del sur”.
“Se los dijimos en su momento: había una razón de por qué no aceptar nunca ser el patio de resguardo de migrantes de una política que el presidente Trump impuso y que puso de rodillas al Gobierno de México, encabezado por el presidente López Obrador, pero representado por el canciller Ebrard, no podemos aceptarlo sin que tengamos como país las condiciones de protección básicas para los derechos de los migrantes”, finalizó.
