Cuando la exitosa narrativa del gobierno se enreda con la realidad, afloran sus contradicciones.
Es el caso del peso que Estados Unidos tiene como evaluador de lo que México hace o deja de hacer contra los cárteles de la droga.
Se trata de un hecho histórico que el discurso del presidente López Obrador validó durante el juicio de Genaro García Luna.
La narrativa sexenal alcanzó su máximo festejo con el fallo de la Corte de Brooklyn, el 21 de febrero, en contra del exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.
A partir de entonces, en la Cámara de Diputados, las intervenciones de los representantes de Morena y sus aliados del PT y del PVEM se han centrado en la consigna de “Calderón sí sabía y Margarita también”, en referencia a la esposa del expresidente, que actualmente ocupa una curul en la bancada del PAN.
En tribuna, los legisladores morenistas repiten esas frases y la advertencia de “¡Y sigue Calderón!”, ventilando así sus deseos de verlo en la cárcel.
Las acusaciones se sustentan en el juicio que el gobierno de Estados Unidos le siguió a García Luna, el policía mexicano al que antes exaltó y al que pronto le impondrá una condena por traidor a la patria y por sus nexos con el narcotráfico.
Pero 24 días después, el regodeo legislativo de Morena y sus aliados por las investigaciones de la DEA y el veredicto de los estadunidenses se topó con la realidad de un vecino que también crítica el manejo que el actual gobierno tiene en la materia y particularmente con la supuesta producción del fentanilo en territorio mexicano.
Porque el enojo de Palacio Nacional con los congresistas republicanos se trasladó este jueves al recinto de San Lázaro, donde emulando a los estadounidenses, Morena y sus aliados llevaron el tema a tribuna calificándolos de halcones intervencionistas.
Fue un debate que traslució la relevancia política que el gobierno de López Obrador le ha dado al señalamiento de que su estrategia contra los cárteles no está funcionando.
Es cierto que la credibilidad que su palabra tiene le permite al Presidente saltar de la celebración de una condena sustentada en las indagaciones de la DEA al cuestionamiento de esta agencia ante una realidad irrefutable: los estadunidenses siguen averiguando de los nexos de los cárteles con las autoridades que les permiten operar.
Esa contradicción manifiesta en la discusión parlamentaria no es un asunto trivial ni anecdótico que, una vez más, la capacidad narrativa presidencial pueda resolver.
Al cierre de la puja retórica, dos legisladoras dejaron testimonio de la gravedad que entraña la inescapable mirada estadunidense sobre México.
“Las consecuencias que actualmente padecemos con Estados Unidos y, especialmente, con los republicanos, es consecuencia del narcoEstado de Felipe Calderón. Ese cínico que tiene muchas dudas del veredicto dictado para su exsecretario de Seguridad, declarado culpable, culpable de narcotráfico, culpable de delincuencia organizada en los Estados Unidos”, resumió la diputada Brenda Espinosa (Morena).
La diputada Mariana Gómez del Campo (PAN) reviró: “Quiero recordarle al grupo parlamentario de Morena que fue el propio procurador que investigó y detuvo a García Luna el que señaló que el facilitador en jefe del crimen organizado es el propio López Obrador, declaración del 4 de marzo del 2023. ¡Memoria!”.
Se refería la legisladora de oposición al exfiscal de Donald Trump, William Barr, quien pidió aprobar que tropas de Estados Unidos entren a México a combatir a los narcos en un artículo publicado en The Wall Street Journal, respaldando así las pulsiones injerencistas de los congresistas republicanos Dan Crenshaw y Michael Waltz.
El exprocurador Barr es el mismo que en 2019 declaró que la detención de García Luna era muestra de que “quienes buscan proteger a los cárteles de drogas no están a salvo ni aquí ni en ninguna parte”.
Quedará registrado en el Diario de los Debates el tono agrio y frívolo con el que se habla en el Poder Legislativo de un tema que en la práctica debería ser su prioridad porque el narcotráfico continúa siendo el motor de la violencia criminal y de la inseguridad.
Peor todavía: lo sucedido en Cámara de Diputados aquí, como en la Cámara de Representantes allá, es un golpe de realidad: la agenda bilateral ha vuelto a narcotizarse, con la variante de que hoy se agrega el drama estadunidense por el fentanilo.
Que los estadunidenses arreglen su problema como el principal consumidor de drogas del mundo, sugirieron igual el petista Gerardo Fernández Noroña que la representante de Movimiento Ciudadano Amalia García Medina.
Pero aquí nuestros legisladores igualmente podrían atender una realidad que la narrativa de “abrazos, no balazos” quiso negar: la intervención de grupos criminales en la competencia electoral.
“El mayor peligro que tiene la democracia de este país es el narcotráfico. Tenemos que blindarnos, si no, lo que va a suceder es que en 2024 la democracia va a ser tomada por el narcotráfico, hay que darle herramientas a la autoridad”, alertó en enero el jefe de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez.
Y ahora que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se dijo dispuesto a construir acuerdos con la oposición en esa Cámara, quizá sea la hora de dejar la narrativa de “no pasa nada” y enfrentar esa realidad.
