La diputada Fabiola Rafael Dircio (PRD) propuso reformar la Ley General de Salud, a fin de que se considere como servicio básico de salud que en el caso de no tener disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales en las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, los mismos deberán ser adquiridos con cargo a la institución.
La adición de un párrafo a la fracción VIII del artículo 27 de la ley indica que los medicamentos deberán ser entregados al paciente máximo 24 horas después de ser recetados por el médico tratante.
La iniciativa refiere que un problema recurrente en el acceso a servicios de salud es la inexistencia de tratamientos y medicamentos en el sector, “inexistencia que incluso se llega a extender por más de un año, dejando a pacientes sin la posibilidad de gozar de su derecho a la salud”.
Menciona que según el “Mapeo del Desabasto de Medicamentos en México”, elaborado por el colectivo “Cero Desabasto”, entre 2019 y 2020 en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 430 millones de recetas, no fueron surtidas parcial o totalmente poco más de 40 millones, lo que representa el nueve por ciento del total.
En 942 días, dicho colectivo que agrupa a 68 organizaciones de la sociedad civil, registró 6 mil 413 reportes de falta de algún medicamento, vacunas o material de curación en instituciones públicas que son parte del Sistema Nacional de Salud, es decir 6.8 por día en promedio”, indica.
La iniciativa, turnada a la Comisión de Salud, resalta que la institución de salud pública con más reportes, con el 54 por ciento del total, es el IMSS. Le siguen el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) con 21 por ciento, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) con 14 por ciento. El 11 por ciento restante corresponde a los servicios estatales de salud, hospitales de alta especialidad, institutos nacionales de salud y otros subsistemas federales.
Añade que 27 por ciento de estos reportes se concentran en la Ciudad de México, 10 por ciento en el Estado de México, nueve por ciento en Jalisco y 4 por ciento en Michoacán, siendo estas las entidades con mayor cantidad de casos.
Puntualiza que cada día que pasa una o un paciente sin sus tratamientos significa la pérdida de calidad de vida, por lo que consideró que los tratamientos deben estar disponibles en el momento que se ocupen.
Por ello, la iniciativa tiene la finalidad de “garantizar la proveeduría de medicamentos a las y los pacientes que así lo requieran, sin importar si hay existencia o no en los almacenes y bodegas de la institución tratante”.
