El Gabinete de Seguridad condena la violencia suscitada este viernes en Baja California. Ante los hechos registrados ayer en Tijuana y otros lugares de la entidad se actuó de manera inmediata en coordinación con el gobierno estatal para la detención y sanción de los responsables.
Resultado de las operaciones conjuntas para responder a los 24 hechos delictivos, fuerzas federales, estatales y municipales lograron la detención de 17 personas generadoras de violencia y sujetos que intervinieron en los eventos. Además, se reportó una persona lesionada.
En la víspera, en la entidad se registró la quema de vehículos de transporte público y particulares por parte de civiles. En total, 14 eventos se suscitaron en Tijuana, cuatro en Ensenada; tres en Tecate; dos en Mexicali, y tres en Playas de Rosarito.
De los detenidos, siete fueron en Tijuana; cuatro en Rosarito; cuatro en Mexicali, y dos en Ensenada. De ellos, tres son identificados como integrantes del CJNG, dos hombres y una mujer. El lesionado fue un chofer de autobús en Mexicali.
En coordinación con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) se reforzó la presencia y patrullaje de los cuerpos de seguridad estatales por todas las calles y colonias de la entidad para la prevención de la alteración del orden en el estado.
Se instalaron las Mesas de Paz estatal y regional, donde participan todos los órdenes de gobierno, encabezadas por la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Para el Gobierno de México, la coordinación entre el Gabinete de Seguridad, integrado por la Secretaría de Gobernación, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, es la clave para una respuesta eficaz frente a los generadores de violencia que buscan alterar la paz y tranquilidad de la población.
Por otro lado, se han judicializado de manera eficaz todos los hechos suscitados en flagrancia y han sido puestos a disposición por las autoridades correspondientes para ser procesados con respeto a los derechos humanos.
Continúan las acciones con aplicación de inteligencia y uso responsable de la fuerza pública para una respuesta efectiva frente a quienes realizan conductas antisociales.
