La llamada violencia política contra mujeres candidatas, legisladoras y funcionarias adquirió estatus de noticia cotidiana en la vida pública de México.
Porque –lo decíamos hace dos semanas– la creciente presencia electoral femenina nos obliga a identificar de qué se trata la ya legislada violencia política por razón de género (VPG), referente a actos que inhiben o quebrantan los derechos de representación.
Esta pedagogía de la democracia en tiempos de paridad tomó un giro este julio, cuando las agresiones contra mujeres vinieron de las mujeres.
Nos referimos a las declaraciones de la gobernadora Layda Sansores anunciando que tenía imágenes de contenido íntimo que diputadas federales del PRI, habrían enviado al dirigente partidista Alejandro Moreno.
Por respeto a las 35 legisladoras agraviadas no vamos a repetir la alerta de la mandataria de Campeche sobre el alcance de las fotos que, según su relato, le hicieron llegar.
Y si bien existen enfoques en torno a los packs (conjunto de fotografías o videos de contenido sensible [erótico], que se intercambia a través de redes sociales o mensajería instantánea) y el sexting, esos no son temas de la denuncia hecha por las diputadas ante la Fiscalía General de la República, comisiones de Derechos Humanos y la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, por violencia política en razón de género, prevista en el artículo 20 bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, al publicar o divulgar imágenes, mensajes o información de la vida privada de una mujer utilizando estereotipos de género, que limiten o menoscaben el ejercicio de sus derechos; violación a la identidad sexual agravado, por tratarse de una servidora pública, y violencia mediática y digital por compartir contenidos que atentan contra la integridad de las mujeres.
En un comunicado, la Red de Mujeres en Plural respaldó a las denunciantes: “Exhortamos a todas las mujeres a ser sororas y no utilizar como instrumento a otras mujeres”.
El Colectivo 50 más 1 también fijó postura: “Rechazamos cualquier conducta que tenga la intención de normalizar la violencia contra las mujeres, y más aún tratándose de mujer a mujer, porque ésta ha sido nuestra lucha”.
Interrogada sobre la trascendencia del caso, Patricia Olamendi, abogada feminista, consideró que la denuncia va a marcar un precedente, porque las amenazas de la gobernadora pusieron de manifiesto cómo el sexismo y la discriminación pueden usarse para ofender, desatando una campaña de odio inédita.
“No podemos seguir aceptando esa humillación, provenga de donde provenga. Así sea de una mujer. Se esperaría que las autoridades investiguen los delitos y que impongan medidas de protección para las denunciantes y medidas de restricción para la señora gobernadora, entre otras, la prohibición de ofender y amenazar”, previó la consultora de Naciones Unidas.
La senadora Patricia Mercado (Movimiento Ciudadano) convocó a Layda Sansores “a no cruzar el límite ético frente a la intimidad de las mujeres. Te lo pido por la lucha feminista en la que hemos coincidido”.
Y aunque hubo morenistas que apoyaron a la gobernadora, destacó un cuestionamiento. “No me parece correcto que circulen imágenes de mujeres, en cualquiera de las circunstancias (…) Son ellas las que tienen que denunciar, en todo caso, si fueron víctimas de alguna extorsión. Pero yo creo que también hay que ser cuidadosos ante los temas personales”, alertó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
La exdiputada de Morena Lorena Villavicencio exigió el cese de las ofensas en “esas campañas denigrantes y de una bajeza inaceptable contra la gobernadora de Campeche, como la realizada contra las diputadas del PRI”.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que preside Nadine Gasman, compartió una definición de la filósofa feminista Marcela Lagarde: “La sororidad trata de acordar de manera limitada y puntual algunas cosas con cada vez más mujeres. Sumar y crear vínculo. Asumir que cada una es un eslabón de encuentro con muchas otras”.
Es un acuerdo que las políticas deberían construir en vísperas de unas elecciones que en 2023 y en 2024 tendrán una participación nunca vista de aspirantes a gobernadoras y a la Presidencia de la República.
Un pacto que debería tener el enorme propósito de no agredirse, de darle la espalda a la violencia verbal y política, de recuperar la capacidad de sumar esfuerzos como antes lo hicieron para alcanzar una paridad que no merece la degradación caníbal.
Es una sororidad que urge cuando abundan testimonios de candidatas que, en campaña, palparon la misoginia femenina, como recientemente lo ventiló la secretaria general del PRI, Carolina Viggiano. “Me sentí muy sola respecto al tema de género”, confesó a sus compañeras de 50 más 1.
Pero no es la única. Y aunque sea políticamente incorrecto decirlo, esa misoginia entre mujeres existe en el Senado, en la Cámara de Diputados, en los partidos y en las contiendas cuando se invisibilizan, se niegan el reconocimiento y la interlocución o guardan silencio frente a las agresiones que sus compañeras reciben.
Suena bonita la sororidad. Pero hay que construirla.
Y, por lo pronto, al menos que cada una se pregunte ¿qué debemos hacer para no ser parte del gozo de la destrucción de otras?
