Por Alejandro Villegas…
La iniciativa de reforma en materia electoral que el ciudadano presidente enviará a la Cámara de Diputados, es por decir lo menos incongruente con los principios por los que luchó la izquierda en el pasado.
En principio, la eliminación de los representantes populares plurinominales representaría un retroceso en materia democrática, por más que se esgrima el argumento de que se traduciría en una reducción del costo que representa su existencia.
Si en realidad se quiere ahorrar, solo habría que reducir el monto de los ingresos de los representantes populares, incluidas por supuesto sus dietas y gastos a cargo del Congreso de la Unión, en línea con la austeridad republicana que promueve el ciudadano presidente.
En segundo término, la delimitación del financiamiento pública a las campañas políticas en periodos electoral, y la apertura para que los institutos recauden cuotas entre sus afiliados y simpatizantes, lo que aprecia de entrada como algo aceptable para le respetable.
Sin embargo, hay que considerar que en el pasado se buscó cerrar el paso al financiamiento privado con el propósito de evitar la llegada de recursos ilícitos a los partidos políticos.
El fantasma de los recursos provenientes de grupos del crimen organizado, al igual que del sector privado en busca de prebendas, llevó a fortalecer el financiamiento público y establecer un sistema sólido de transparencia y comprobación de gastos.
Por otra parte, el cambio de nombre del Instituto Nacional Electoral por el de Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, aunque aparentemente es una acción cosmética lleva implícita la pretensión de realizar diversas consultas, lo que en teoría llevaría a incrementar el financiamiento que recibiría el nuevo ente para la realización de las consultas a que haya lugar.
De entrada, no se limita a las posibles consultas de revocación de mandato, sino que se deja abierto, y ello abre la puerta a toda serie de especulaciones.
Por lo que hace a la elección ciudadana de los consejeros electorales, se debe considerar que ello representaría la realización de campañas que requerirán de una inversión pública considerables.
Lo evidente es que la iniciativa anunciada por el ciudadano presidente, tras el resultado que se obtuvo con la iniciativa de reforma eléctrica, parece más que evidente.
Y, a estas alturas del partido, habría que establecer con claridad que, si la 4T no está dispuesta a cabildear con seriedad, bien haría en plantearse la necesidad de un plan B, como lo fue la iniciativa para reformar la ley minera.
Plan
El plan para controlar los precios que busca presentar el ciudadano presidente en el corto plazo, lo llevará a establecer, como lo hicieron algunos de sus antecesores en el pasado, acuerdos con el sector empresarial y por supuesto con los organismos laborales.
De otra forma, el control de precios, no se alcanzará por decreto. Y la inflación continuará y más temprano que tarde afectará la imagen del ciudadano presidente y la 4T, por más que se trate de un efecto del comportamiento global de la economía, como consecuencia colateral de la pandemia
