Senadores, diputados federales panistas, perredistas, y priistas, así como barras de abogados, académicos y organizaciones civiles se unieron en un movimiento denominado “Por la Justicia”, teniendo como eje central la derogación del delito de ultrajes a la autoridad del Código Penal de Veracruz y la liberación de quienes permanecen presos por este delito.
Desde plaza Lerdo, frente a Palacio de Gobierno y encabezados por el senador Dante Delgado Rannauro, advirtieron que la tipificación de este delito ha servido como un instrumento de represión del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, y que por ello mil 33 personas están detenidas en penales de manera injusta e ilegal.
El senador por Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado Rannauro inició su posicionamiento con la lista de políticos detenidos por este delito, y aseguró que el secretario técnico del Senado, José Manuel “N”, fue encarcelado por órdenes de Cuitláhuac García Jiménez, a pesar de ser inocente; también hizo referencia a las detenciones de la ex comisionada del IVAI, Yolli “N”; del ex secretario de Gobierno, Rogelio “N”, entre otros.
Dijo que el delito fue creado por el Gobernador, aprobado por un Congreso servil y ejecutados por jueces locales que actúan por consigna, con acciones abusivas que afectan la dignidad de las personas y que representan un atentado a la libertad, a la justicia, a la presunción de inocencia y a los derechos humanos.
“José Manuel es inocente y fue encarcelado por órdenes del Gobernador de Veracruz; también están encarcelados Yolli, Omar, Adriana, Rogelio, Cristal, Miguel, Verónica, Tito, Facundo, Luz, Sergio, y no son los únicos. Mil 300 personas están privadas de la libertad injustamente, sin pruebas, sin juicio, sin sentencia; mil 33 vidas han sido truncadas, mil 33 familias están separadas y han sido obligadas a procurar la defensa de personas inocentes. Todo porque un Gobierno autoritario elaboró y logró la aprobación del delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva, que no es otra cosa que un instrumento de represión, un medio para encarcelar inocentes y mantenerlos presos injustamente”, señaló.
El senador, que encabezó la presidencia de la extinta Comisión especial para investigar las posibles violaciones al estado de derecho en Veracruz, aseguró que no hay nada más bajo y ruin que violentar la libertad de las personas y auguró que las autoridades que han permitido el encarcelamiento de inocentes irán a prisión.
“Todos los funcionarios que han atentado contra la libertad de inocentes tendrán que pagar con sus actos criminales, irán a prisión y entonces entenderán el terrible daño que le han causado a miles de veracruzanos inocentes. Ante la soberbia e intransigencia del Gobierno estatal y la complacencia y protección del Gobierno federal, los ciudadanos no tenemos otra opción más que iniciar un movimiento por la justicia. No estamos hablando de político, estamos hablando de libertad; no estamos hablando de política, estamos hablando de justicia; no estamos hablando de política, estomas hablando de hombres y mujeres encarcelados injustamente, estamos hablando de Veracruz y no merece esto”.
Al hacer uso de la voz, el senador Julen Rementería del Puerto cuestionó para qué sirve si un Gobierno realiza obra pero no respeta los derechos de los ciudadanos; y al señalar a Palacio de Gobierno, el panista dijo que se han dedicado a encarcelar a quienes no piensan como ellos.
“Sí por supuesto se puede considerar importante el que se hagan obras, que se desarrollen las comunidades, pero el primero de todos ers respetar los derechos humanos. ¿De qué sirve un Gobierno si no puede hacer respetar lo principal, que puedan transitar los ciudadanos, con absoluta libertad a lo largo y ancho del territorio. Parece que ahí, en ese edificio se han dedicado a encarcelar a quien simplemente no piensa como ellos, olvidándose de que la búsqueda de la justicia debe ser igual para todos y no debe distinguir ningún límite, y por supuesto ninguna frontera”.
Académicos de la Facultad de Derechos de la UV como Rosa Hilda Rojas se unieron al “Movimiento por la Justicia” para exigir la derogación del delito de ultrajes a la autoridad por considerarlo ambiguo en su redacción, y que vulnera el principio de legalidad.
Recordó que académicos de la UV enviaron al Congreso local la petición para la derogación del delito pero que hasta ahora sigue vigente, aunque el tiempo les dio la razón ante los miles de ciudadanos detenidos por este delito.
Añadió que el delito de ultrajes a la autoridad en alguno casos solo ha sido un instrumento para criminalizar la disidencia, inhibir la participación política de la ciudadanía y en otros casos para negar y restringir derechos civiles, obstaculizando el acceso a un juicio justo, lo que afecta el estado de derecho.
Y agregó que de acuerdo con el Índice del estado de derecho de México 2020-2021 en el que ella participa, Veracruz ocupa el lugar 26 de 32 entidades federativas.
“Por ello es urgente que se respete el estado de derecho y con esa finalidad, como académica, como abogada y ciudadana, lucharé en este movimiento por la justicia que hoy inicia”.
Por su parte, el abogado Mario López dijo que barras y federaciones se han unido a este movimiento porque no están dispuestos a tolerar ningún tipo de abuso de poder, ninguna injusticia y menos cuando se comenten desde el propio Gobierno del estado.
“No podemos tolerar que sean los gobiernos quienes violenten el estado de derecho y porque no hay nada más importante que hacer valer la justicia”.
Y añadió que prestarán asesoría legal gratuita a los mil 33 personas detenidas injustamente; “no vamos a permitir que un solo inocente siga preso por la intransigencia y abuso del Gobierno”, dijo.
