En México urge políticas públicas que obliguen la instalación de infraestructura inclusiva para las personas que enfrentan discapacidad, que en el país es una población de seis millones de personas, además de garantizar otros derechos como el laboral, salud y educación, entre otros, coincidieron funcionarios y legisladores que participaron en el Foro Nacional de Inclusión.
Reunidos en la Cámara de Diputados, en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, establecido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 1992, legisladores de todos los partidos y funcionarios del Secretaría del Trabajo, del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), del Instituto Nacional para la Atención a Adultos Mayores (Inapam) y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros, en el que destacaron la Encuesta Nacional Dinámica Demográfica del 2018 que muestra “una gran diferencia en la tasa de participación económica entre quienes no tienen discapacidad, que representan una tasa de 65.4 por ciento, mientras que para la población con discapacidad este índice es de 38.5 por ciento.
Yazmín Soraya Pérez Haro, directora de Innovación y Proyectos Especiales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), informó que las acciones en favor de las personas con discapacidad se enfocan en la promoción del acceso a centros educativos, de cuidado y atención integral; a fortalecer los servicios de cuidado regulados y supervisados por el Estado, así como a fomentar su inclusión a las actividades físicas y deportivas.
Por parte de la Secretaría del Trabajo, Raúl Balmaceda, director de Igualdad Laboral y Trabajo de Menores, señaló que la dependencia elaboró el distintivo en responsabilidad laboral, para reconocer a los centros de trabajo que implementan acciones y políticas que contribuyan al trabajo digno, aunque no dio datos sobre este mecanismo y si ha tenido éxito o no.
Indicó que para impulsar y facilitar la inclusión laboral es necesaria la sinergia y la coordinación entre los centros de trabajo e instituciones.
El funcionario dijo que la secretaría tiene la Red Nacional de Vinculación Laboral que fomenta el intercambio de información y la cooperación favorable para la inclusión laboral
En tanto, Irazema Yazmín Zavaleta Villalpando, coordinadora de vinculación, cultural y educación del Consejo Nacional para Prevenir La Discriminación (Conapred), refirió que la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017, arroja que una de cada cuatro personas consideró que las personas con discapacidad son de poca ayuda en el trabajo. Asimismo, exhibió que a un tercio de este grupo de la población se le había negado al menos un derecho humano.
Por el Inapam se advirtió que el gran reto es que las autoridades de todos los niveles de gobierno se coordinen para atender los actos de discriminación de los que son objeto las personas con discapacidad y fomentar la accesibilidad en los servicios y programas gubernamentales.
Los legisladores de Morena, PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PVEM y PRI, integrantes de la Comisión de Grupos Vulnerables, admitieron que hace falta consolidar la ley para garantizar derechos humanos a las personas con discapacidad.
“Es obligación de las y los diputados saber qué está haciendo el gobierno federal y analizar el marco jurídico. Tenemos que revisar la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y analizar en qué situación está el programa Nacional para las Personas con Discapacidad”, dijo la priista Yolanda de la Torre Valdez.
