Cincuenta y tres senadores del bloque de contención solicitaron a Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, interponer una controversia constitucional contra el acuerdo promulgado por el presidente Andrés Manuel López Obrador que, blinda las mega-obras de su gobierno y las considera de interés público y de seguridad nacional.
Sin embargo, casi 80 senadores de Morena y de los partidos Verde, del Trabajo y Encuentro Social se opusieron a la petición.
Olga Sánchez Cordero, presidenta del Senado, fijó su posición.
“Y yo quiero ser muy transparente con ustedes, quisiera tener una opinión jurídica de nuestro órgano jurídico, de nuestra Dirección General Jurídica por lo siguiente: tengo mis serias dudas y quisiera que se me dieran los argumentos sobre el interés y la legitimación de este Senado para promover la controversia constitucional. Soy transparente y sincera, no tengo una respuesta sobre la legitimación de este Senado para presentar la controversia. Les comunico que estoy instruyendo para que se realice el estudio jurídico correspondiente”.
La posible interposición de este recurso o de una posible acción de inconstitucionalidad, provocó un acalorado debate entre la oposición y la mayoría legislativa, de más de una hora y media de duración.
El bloque de contención aludió que el acuerdo invade las facultades legislativas del Congreso de la Unión al intentar, a través de una resolución ejecutiva, alterar el contenido de la Constitución General y las leyes que de ella emanan.
Senadores del oficialismo y opositores fijaron postura.
Incluso, Ricardo Monreal, coordinador de Morena, dictó cátedra de 51 minutos sobre Derecho constitucional y respondió a las preguntas que le formularon las y los senadores de oposición.
Julen Rementeria, coordinador del PAN, argumentó que el acuerdo es ilegal porque violenta la Constitución Política.
“Y ninguna obra está considerada como una amenaza, ni ninguna acción que se establece en el acuerdo. (…) Viola el derecho al acceso a la información, ahora resulta que todas las obras van a poder ser guardadas, porque así se establece precisamente a partir de considerarlas de seguridad nacional. (…) O sea, sólo entregarían la información si es que quieren. (…) Establece también la adjudicación directa no como una excepción, sino como una regla”.
Germán Martínez, coordinador del Grupo Plural, resumió que este acuerdo pretende robustecer aún más el militarismo que ya se implantó en el país.
“El militarismo asesinó a Francisco I. Madero y el militarismo en México no va a asesinar los derechos humanos y no va a asesinar nuestra democracia y no va a asesinar el derecho de acceso a la información”.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, declaró que la mayoría legislativa está en desacuerdo que la presidenta de la cámara presente de manera unilateral la controversia.
Recomendó a los opositores mejor interponer una acción de inconstitucionalidad, porque ese derecho si les asiste.
“Hay derecho de las minorías, por supuesto que hay derecho de las minorías y, por eso la acción de inconstitucionalidad faculta a las minorías a interponer el recurso de inconstitucionalidad con el 33 por ciento que se reúna, tienen esa vía, aunque ya intentaron la vía de la controversia constitucional, pero en la vía de la controversia constitucional no pueden estar por encima de la decisión de la mayoría, eso no es posible”.
El perredista Juan Manuel Fócil, aseveró que el acuerdo viola el marco jurídico al permitirle al gobierno pasar por encima de la ley y también violar los derechos humanos de ciudadanos y de comunidades que por alguna razón tengan algún vínculo con estas obras, ya que no tendrán derecho a defender su patrimonio y el medio ambiente.
Las partes acordaron que esperarán a que el órgano jurídico del Senado y la presidenta de la cámara, Olga Sánchez Cordero, analicen la solicitud y argumenten si la controversia constitucional es viable o no.
