Olvidémonos de las remesas y de la regularización de más de once millones de paisanos que desde hace años trabajan en los Estados Unidos. Mejor resolvamos el problema de educación y empleo de miles de jóvenes que buscan emigrar a otras latitudes por falta de oportunidades en México. Urge una política pública que garantice el crecimiento económico y el desarrollo social.
Para ello es necesario reconocer que atravesamos por la peor crisis económica desde 1932, que el aparato productivo nacional no puede generar los suficientes puestos de trabajo para la demanda laboral existente y que las remesas no es un indicador de bienestar. La pandemia provocó un decrecimiento del -8 por ciento y una inflación mayor a la prevista; en el mejor de los escenarios, en 2022 habremos regresado a los niveles del 2019, si es que se puede controlar el índice nacional de precios al consumidor.
La mejora económica está en el consumo interno, con inversión pública y privada, generación de empleos formales, incentivos a la planta productiva, obras de infraestructura, menor intervención del Estado en los factores de la producción y abandono de las prácticas paternalistas que utilizan los programas asistenciales como ayuda a grupos vulnerables, porque así no se resuelve el problema de la pobreza y la miseria. Hoy tenemos 55.7 millones de pobres, 7. 3 millones más de nuevos pobres que hace tres años, y 10.8 millones de mexicanos en pobreza extrema.
Otro error en la administración pública, sobre todo en materia de política económica, es suponer que las remesas son dinero que entra a las arcas nacionales y que se puede utilizar a capricho. Esa es una falacia que le gusta manejar a las autoridades financieras para engañar al ciudadano. Que maravilloso sería que Hacienda tuviera este año 53 mil millones dólares para aplicar en los programas sociales, pero no; a pesar de que nuestro país es la tercera nación con más captación de remesas, solo por debajo de la India y China, no se puede disponer de un solo peso que los paisanos mandan a sus familias.
El Banco Mundial revela que el incremento histórico en el monto de los envíos a México -representa el 4.1 por ciento del PIB-, se debe a los apoyos fiscales que obtuvieron los migrantes del gobierno americano y por el dinero que transfirieron muchos trabajadores centroamericanos a bancos del país para financiar el viaje de sus familiares que desafían al destino al atravesar nuestro territorio en busca del sueño americano.
Por eso tampoco nos debe ilusionar que once millones de compatriotas se beneficien de la política migratoria de Joe Biden, quien quiere regularizarlos a mediano plazo. Será mejor reactivar nuestra economía y garantizar la seguridad pública para desalentar a jóvenes o familias enteras que quieren migrar por miedo o trabajo y con ello evitar que la patrulla fronteriza deporte a más de dos mil mexicanos al día. Tan solo en octubre de este año detuvieron a 65 mil mexicanos, nacionalidad que más arrestan las autoridades migratorias americanas.
Mientras que en octubre de 2018 deportaron a 19 mil compatriotas, en el mismo mes de 2019 la cifra se elevó a 23 mil, en 2020 fue de 46 mil y en octubre de 2021 llegó a 65 mil.
Contrario al discurso oficial, la realidad económica demuestra que los connacionales buscan todavía un mejor porvenir en el extranjero, además de que otro motivo para huir es la inseguridad que se vive en entidades como Michoacán, Guerrero, Zacatecas y Sinaloa.
Olvidémonos de las remesas y de querer regularizar a los once millones de trabajadores mexicanos que ya cruzaron la frontera. Frenemos no a las caravanas centroamericanas, sino el éxodo de mexicanos que no encuentran educación, seguridad ni trabajo en su tierra. Los migrantes son una vergüenza y fracaso para cualquier gobierno. Más de medio millón de deportados en los últimos tres años nos lo recuerdan.
