Por Alejandro Villegas…
Tras el desastre en San Pablo Xochimehuacan, Puebla, el presidente desliza la responsabilidad de la solución del robo de combustibles, al menos en parte, a la ciudadanía.
Llama a ciudadanas y ciudadanos a denunciar a quienes se dedican al huachicol, con lo cual reconoce de manera explícita, la incapacidad hasta el momento de las instancias de inteligencia y las fuerzas del orden para terminar con ese ilícito.
Argumenta que ello permitiría evitar riesgos a la población, en general, como si no fuera obligación de la 4T velar por la integridad y seguridad de las y los mexicanos.
Pero lo que más llama la atención, sin duda, es que el ciudadano presidente tan ávido de reflectores, no acudiera a la zona del siniestro, para dar una muestra de su cercanía y solidaridad con los afectados.
Frente al desastre que viven los damnificados, al momento de poco sirve que el ciudadano presidente reconozca la celeridad con la que actuaron las instancia tanto de Puebla como de la Federación, que en todo caso, estrictamente solo cumplieron con su deber.
Pero del proceso de ayuda, reconstrucción, montos y plazos, no se habla a fondo.
El dato de que en la actualidad, el crimen organizado sólo sustrae de manera ilegal tres mil barriles diarios de gasolina, en comparación con los 80 mil barriles diarios que robaban en el pasado, sin duda es bueno. Sin embargo, lo cierto es que el ilícito permanece ahí.
Los números del ciudadano presidente le favorecen, pero difícilmente coincidirán con los de la ciudadanía, pero principalmente con los de los damnificados que sin duda son diferentes.
Vacunación
Culminado el plazo del programa nacional de vacunación, sin tregua, la inoculación contra COVID-19 prosigue.
Y ello, evidentemente es adecuado, porque pone de manifiesto que aún hay población sin vacunar, aunque en el discurso oficial no se reconozca como tal.
