Por Alejandro Villegas…
La festina apertura de la frontera con Estados Unidos, a partir del 8 de noviembre, enfrenta a la población interesada a más de un inconveniente que no toma en cuenta el ciudadano presidente, en su justa dimensión.
En primer lugar, el hecho de que no todas las vacunas aplicadas en México son aceptadas por la administración Biden, en consecuencia, quienes han sido inoculados con ellas no podrán ingresar a territorio estadounidense.
En segundo lugar, las dificultades que enfrentan no pocos ciudadanos para obtener su certificado de vacunación, ya sea por errores u omisiones, en la captura de datos, aunado a lo que se aprecia como un complejo procedimiento para su corrección y obtención final.
En consecuencia, de la apertura fronteriza para actividades no esenciales no podrán beneficiarse todos los interesados.
El ciudadano presidente podrá deslindarse de toda responsabilidad, pero la ciudadanía al menos podrá cuestionar la falta de previsión por parte de las autoridades correspondientes, y por supuesto cargar el peso moral al ciudadano presidente por no estimar adecuadamente las implicaciones de esas fallas, que pueden ser todo, menos menores, para quienes ven en el tránsito fronterizo una acción primordial para su quehacer cotidiano.
Ya habrá tiempo para que el ciudadano presidente se deslinde de todo daño y endose las culpas a sus adversarios.
Llamado
El ciudadano presidente hace bien en llamar a la población mayor de 18 años que falta de vacunarse contra la COVID-19 a acudir a los centros de vacunación más cercanos a sus domicilios.
Lo que falta ahora que está por concluir el programa nacional de vacunación es que se rindan cuentas de las vacunas adquiridas, las que se enviaron a otras naciones, las aplicadas y por supuesto el número de mexicanos mayores de 18 años que quedaron sin vacunar.
Además, por supuesto de la etapa en la que se vacunará a los menores de 18 años de todo el país.
Y por supuesto, en la recopilación de lo acontecido se recuperen expresiones infaltables del ciudadano subsecretario López Gatell, como aquella en la que estimaba que los decesos por COVID-10 no pasarían, en el peor escenario, de 30 mil.
