Por Alejandro Villegas…
La postura de las comunidades científica y académica, en torno al conflicto del Conacyt, marcan al ciudadano presidente la ruta del equilibrio, para dar continuidad a las indagatorias.
La posición en general se inclina por dejar de lado la figura extrema del crimen organizado, por las implicaciones sociales que conlleva, pero continuar con las indagatorias para establecer con claridad la inocencia o culpabilidad de los implicados.
Es claro que no se niega la posibilidad de que se indague sobre el uso y aplicación de los recursos públicos que obviamente llegaron en primera instancia al Conacyt y de ahí al Foro Consultivo.
Ello se alinea con la determinación de la Fiscalía especializada, tras no obtener el aval del juez para iniciar un proceso contra los investigadores, académicos y ex servidores públicos indiciados, de replantear la acusación.
Evidentemente, los eventuales implicados por su número y trayectoria, no deben ser utilizados para generalizar y cuestionar el desempeño de todos los integrantes de esos sectores, y mucho menos a los vinculados con el Conacyt.
De ahí que sea sano que se precise de manera clara, al menos el número de los implicados, aunque los nombres de manera inadecuada han comenzado a circular.
A fin de cuentas, el ciudadano presidente tendrá que aceptar la redefinición de las faltas en que hayan podido incurrir los señalados, pero sobretodo redimensionar sus palabras y conceptos.
Como responsable de la conducción del país, el ciudadano presidente debe tener claro que nadie puede ser condenado hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio, desarrollado bajo el debido proceso, así como que es la autoridad o bien la parte acusadora quien, en primera instancia debe aportar los elementos necesarios para establecer la culpabilidad de los indiciados.
Las cortes sumarias y los juicios fast track, bajo la dinámica actual del sistema judicial mexicano, deben ser consideradas como extemporáneos y fuera de lugar.
El gobierno a través de las instancias correspondientes está obligado a cuidar el debido uso y aplicación de los recursos públicos, pero ante todo hay que cuidar las formas, trátese de quien se trate.
Normalistas
A casi tres años de entrada de la 4T, el caso de los normalistas de Ayotzinapa sigue como uno de los pendientes más trascendentales.
A la fecha, poco es lo que se ha avanzado para el esclarecimiento de los hechos. La denominada “verdad histórica” se desechó, pero no se han brindado elementos de peso que permitan establecer el destino de los normalistas.
Madres, padres, familiares y compañeros de los desaparecidos mantienen sus exigencias, pero pese al compromiso oficial, no hay una versión definida, por tanto lo que se aprecia es que el caso quedará como una acción inconclusa, ligada a un compromiso incumplido.
