El diputado Salvador Caro Cabrera (MC) impulsa un punto de acuerdo por el que solicita crear un grupo de trabajo plural de diputadas y diputados que dé seguimiento a los hechos suscitados en Tapachula, Chiapas, ante las posibles violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos.
Sugiere que el grupo cuente con el número de integrantes que determine la Junta de Coordinación Política y de todos los grupos parlamentarios, respetando la paridad de género, así como con los apoyos necesarios. Asimismo, que esté vigente hasta la conclusión de su objeto o bien en cuanto se integre la Comisión de Migración.
Refiere que de acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob), durante los últimos siete meses de 2021 se detuvo a 117 mil migrantes, 23 mil más comparados con el mismo periodo de 2020. “Nuestro país atraviesa por un momento crítico, pues tan sólo en Tapachula, Chiapas, se tienen 77 mil solicitudes para ingresar al territorio nacional, por lo que se debe poner atención en ese punto migratorio”.
El documento, publicado en la Gaceta Parlamentaria, detalla que desde el primer trimestre de 2021 el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha documentado un incremento de hasta de tres mil 500 menores de edad que viajan solos hasta dos meses, por lo que corren peligro de ser víctimas de algún delito o de explotación infantil.
Además, de los que vienen acompañados por sus padres o algún familiar y son utilizados como escudos humanos cuando se realiza un operativo de contención de la Guardia Nacional de alguna caravana; incluso, la propia Comisión Estatal de Derechos Humanos señala que hay una sobrepoblación de 250 por ciento en los albergues del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
Señala que la situación que prevalece en Tapachula no puede ser ignorada por las autoridades. Muchas de las razones por las que los migrantes optan por cambiar de país obedecen principalmente a buscar mejores condiciones de vida para ellos y sus familiares o por la situación política, social o económica de su país de origen.
Ante este panorama, considera que la creación de un grupo de trabajo en materia migratoria permitirá que las caravanas no sean tratadas de forma inhumana e indignante, porque ello constituye una violación a los derechos humanos y a la política migratoria de tránsito que señalan la propia Constitución Política, la Ley General de Población y la Ley de Migración.
