Por Octavio Campos…
El CENEVAL anunció que uno de cada cuatro mexicanos padece ahora de pobreza extrema y se incrementa el número de nuevos pobres en casi diez millones, por lo que 71 millones -56.7 por ciento de la población total-, no tienen acceso a los productos de la canasta básica. La falta de ingresos mínimos por familia se recrudeció en 19 estados de la República y coloca a México en el cuarto lugar de los países latinoamericanos con mayor número de personas en situación de pobreza.
El informe precisa que este desolador panorama se debe a los efectos económicos de la pandemia y a la recesión que se vivió en el 2020, con un decrecimiento del 8.5 por ciento, lo que provocó una mayor desocupación laboral. Con la desaparición del Seguro Popular, 16 millones de mexicanos dejaron de tener acceso a la salud.
Pero en Palacio Nacional tienen otros datos y rechazaron el estudio de desarrollo social presentado por el Consejo Nacional Evaluador e insisten en ver la realidad con otros números, los suyos; además reiteran su propósito de cambiar los métodos de medición del desarrollo utilizados en los organismos internacionales, como la OCDE, por indicadores de bienestar. Es decir, el nivel de vida de los mexicanos ya no tendría variables como ingresos, inflación, acceso a la alimentación, a la salud y a la vivienda, sino el número de beneficiarios de los programas clientelares del gobierno federal, como las becas para los “ninis”, la pensión de bienestar para los viejitos, la ayuda económica a las madres solteras o los empleos temporales.
Tendrá 16 programas sociales que podrá utilizar como variables para justificar altos estándares de bienestar, aunque exista un retroceso significativo en el nivel de desarrollo social.
Para atender a millones de mexicanos que no son productivos, porque no se incorporan al empleo formal, pero buscan el subsidio gubernamental para subsistir, el régimen creó desde 2019 una bolsa multimillonaria con la desaparición del Seguro Popular, canceló las compras a las farmacéuticas sin garantizar el abasto de medicamentos, cerró guarderías, quitó el apoyo a las víctimas, desapareció dependencias, derogó los fondos y fideicomisos, empobreció a la burocracia y a la clase media, redujo los presupuestos de organismos autónomos, científicos o de evaluación, a los que pretende aniquilar y emprendió una persecución fiscal contra los grandes contribuyentes.
Ello le permitió distribuir durante dos años -con fines electorales-, miles de millones de pesos entre los segmentos sociales improductivos, pero más fieles. Lamentablemente el dinero ya se acabó. Por eso buscan infructuosamente apoderarse de las afores, de los remanentes del Banco de México, de los activos de reserva del FMI e incluso de las remesas que envían los paisanos, las cuales debieran avergonzar al gobierno que no puede dar oportunidades de trabajo a los migrantes. La recesión del 8.5 por ciento en el 2020 y la pandemia agravaron el panorama económico; instituciones financieras nacionales, agencias crediticias y organismos económicos internacionales alertaron sobre el detrimento en los ingresos de los mexicanos. Desempleo, cierre de empresas, falta de inversiones, ausencia de una verdadera política económica del gobierno provocaron que casi el 60 por ciento de la población tenga ingresos por debajo de la línea de pobreza.
Difícilmente el gobierno tendrá otra bolsa multimillonaria para atender en el segundo tramo del sexenio a los “ninis” y viejitos, por eso recurrirá, entre otras cosas, a medidas ilegales como sacar recursos del Banco de México o jinetear las remesas a través de comisiones que hoy cobran las agencias de transferencias de dinero.
Para las autoridades, el desarrollo se medirá con sus estándares de bienestar que ahora incluye la legalización de los autos “chocolates”, todos podrán tener una “carcachita” aunque se lleve el carajo a la industria automotriz nacional. La 4T mina una de las 20 economías más grandes del mundo para convertirnos en una fábrica de pobres.
