Diputado 501
Antonio TENORIO ADAME…
Parecía imposible, pero al fin, se aprobó el nombramiento presidencial de Rogelio Ramírez de la O, como Secretario de Hacienda, fue ratificado por el Congreso de la Unión en un escabroso y difícil periodo extraordinario. Una verdadera cirugía política, aunque con un costo de grietas entre los legisladores de la 4T.
Sin embargo, lejos de valorar la capacidad orgánica de la agónica LXIV Legislatura, se avivan los fuegos de revancha e insatisfacción con la exigencia de aplicar el juicio político, tanto los que se encuentran en antesala: diputados Saúl Huerta, Mauricio Toledo y el fiscal de Morelos, Uriel Carmona; como ahora se reclama se inicie el proceso contra los consejeros del INE, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, quienes se les reclama responsables del alto abstencionismo de la Consulta del 1º de agosto. Un laberinto de confusiones que acumulará a los errores cometidos.
Errores como los cometidos por la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, y el del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas quienes reclamaron al Poder legislativo que no se consumaran los juicios políticos que se perfilaban serían tratados en el Periodo extraordinario.
No hubo extrañamiento ni de los presidentes ni de los senadores, Eduardo Ramírez, ni de los diputados, Dulce María Sauri, en quienes recae la responsabilidad de proteger el fuero constitucional de los legisladores y del recinto legislativo.
Fue circunstancialmente el presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, quien, al reclamo de Alejandro Encinas, contestó que la exclusión de los juicios políticos respondía a “los tiempos del Congreso”, como en efecto ha ocurrido.
La hacienda pública se encuentra integrada legítimamente y en la Comisión permanente se volvió a votar otro periodo extraordinario con solo dos votos en contra. Falta por definir la fecha de su realización.
La incertidumbre de su realización parte de la falta de tiempo a la LXIV Legislatura; le quedan solo dos semanas para finalizar el periodo para el que fue electa.
Los tiempos del Congreso son determinantes.
JUICIO AL PRESIDENCIALISMO
A pesar de los decires y los desaires a la consulta del 1 de agosto, existe un hecho contundente e irreversible, la decisión de los ciudadanos de enjuiciar al presidencialismo.
La reacción de los activistas promotores de la consulta ha llevado a plantear por algunos sectores de Morena el juicio político a consejeros del INE para evadir sus propias responsabilidades o falta de capacidad de movilización, así como también son incapaces de exigir cuentas a la Corte, bien por ignorancia o bien por complicidad.
A la par del empeño en la aplicación del Juicio político, se promueve también, la formación de una comisión de la verdad, una visión acertada, bien llevada sus resultados serán base de una Justicia Transicional, donde los modelos de desarrollo que no lograron equilibrar el interés nacional con los beneficios del mercado, como también la relación con órganos supranacionales e instancias de poder imperiales que obstruyen las decisiones soberanas.
Desde el inicio de su gobierno AMLO declaró un “cambio de régimen” entendido este como un gobierno libre de corrupción, dentro de este propósito ha logrado avances significativos.
Ahora los juicios a los expresidentes, pueden ser aplicados con y sin consulta, pero siempre será insuficiente si no se va a la raíz de sus causas originales, fundadas en el tipo de sistema de gobierno que propicia la existencia de un país de un solo hombre.
El riesgo es mayúsculo porque si ese hombre se equivoca o se corrompe, nos equivocamos todos con daño general.
Por el juicio si, y poner fin al presidencialismo también.
