El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) es un baluarte del Estado de Derecho que debe respetarse, protegerse y conservarse, pues sus determinaciones y orientaciones son fundamentales para la debida justicia, afirmó Sergio García Ramírez, Ex Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En la inauguración del foro Transparencia y Estado de Derecho: El derecho de acceso a una justicia abierta, convocado por el INAI, en el marco del Día de las y los Abogados, García Ramírez planteó que los órganos autónomos juegan un rol protagónico en el Estado de Derecho, como instituciones que se han formado a partir de facultades que fueron del Poder Ejecutivo y ahora encarnan en órganos autónomos, por ello, deben ser preservados y respetados por los otros poderes, en los términos previstos por la Constitución.
“Es conveniente que los órganos autónomos retengan estas facultades y puedan ejercerlas con plenitud. Entre ellos, desde luego, el Instituto que ahora se ocupa del acceso a la información y la custodia de los datos personales. El INAI, con otros órganos, es un baluarte del Estado de derecho.
Conservémoslo, protejámoslo, respetémoslo y hagamos caso de sus determinaciones y orientaciones, que son fundamentales para la preservación del Estado de derecho y también para la debida justicia”, enfatizó.
Al impartir una conferencia magistral sobre el derecho de acceso a una justicia abierta, García Ramírez se pronunció por el respeto a las funciones de los órganos autónomos y a la garantía de independencia en su actuar, ante la tendencia del poder centrípeto a reabsorber las facultades que le han sido retiradas con el mandato de la Constitución.
“Necesitamos seguir luchando arduamente por el rescate del Estado de Derecho y por su plenitud de lo que es y significa en la vida de todas las personas.
Centrándonos, siempre, en el riesgo de que se extravíe de ese Estado de Derecho, a través de una concentración desmesurada del poder y una reducción práctica en el ejercicio de los derechos y las libertades de los individuos”, acentuó.
A su vez, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, celebró el hecho de que cada vez haya más mujeres abogadas, pues cuando empezó a conmemorarse del Día de las y los Abogados en México, el 12 de julio de 1960, era una carrera dominada por los varones, sin embargo, reconoció que esta situación se ha revertido al grado de que, en 2019, por ejemplo, la mitad de las personas graduadas de Derecho en la UNAM fueron mujeres.
Ibarra Cadena sostuvo que hablar del derecho humano de acceso a la justicia supone implícitamente el principio de justicia abierta, esencial en una democracia constitucional. “Este concepto engloba un conjunto de derechos: la tutela judicial efectiva y el derecho de acceso a la información, los cuales, de acuerdo con la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben ser concebidos con perspectiva de género”, precisó.
El Coordinador de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y Comisionado Presidente del INFO CDMX, Julio César Bonilla Gutiérrez, dijo que hablar de justicia abierta es hablar de derechos humanos y su posibilidad de expansión a través de ella; donde su acceso formal y material es un tema indiscutible porque implica derechos y libertades con un flujo natural en nuestra vida cotidiana.
“Hoy, los derechos humanos, la democracia y su desarrollo, tienen que ver de manera ineludible con el estado actual de cualquier República y el costo material de no tener transparencia es mucho más elevado que su consolidación.
Debemos tener claro el cambio de paradigma, es un hecho irreversible, la cultura del secretismo, la opacidad, la ausencia de rendición de cuentas debe terminar. En pleno siglo XXI nadie debe escapar a la transparencia”, enfatizó.
Durante los trabajos del foro, la Comisionada Josefina Román Vergara y los Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas y Adrián Alcalá Méndez, como integrantes del Pleno y profesionales del Derecho, coincidieron en la necesidad de continuar impulsado la justicia abierta como pilar fundamental para la consolidación plena del Estado de Derecho en el país.
En su momento, Ana Laura Magaloni Kerpel, Académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que la falta de acceso a la justicia, perpetúa la pobreza en México; remarcó que la justicia es lenta y se caracteriza por su alto grado de complejidad, lo que la hace inaccesible para buena parte de la sociedad, la más débil, que vive en la orfandad jurídica.
“¿Cuántas cosas cambiarían en México si las personas que históricamente han sido marginadas y excluidas pudiesen experimentar en su vida cotidiana el halo protector de la ley?, una ley que cuida, que garantiza sus derechos, que protege a los que siempre se los han fregado; este halo protector de la ley ahí donde la ley sólo castiga, es clave para recobrar el sentido de comunidad, en donde la violencia se lo ha robado todo. Eso sólo es posible si se garantiza transversalmente el derecho de acceso a la justicia”, advirtió.
Leticia Soto Acosta, Secretaria Técnica de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, subrayó que la posibilidad de que las ciudadanas, los ciudadanos y la población en general pueda acceder a la forma en cómo se toman decisiones en el proceso penal y la manera en que se desarrollan las reflexiones jurídicas llevará a la sociedad a mejores derroteros democráticos.
“El juez se baja de su estrado, en el que se ha encumbrado, y tiene que despojarse un poco de esta posición tan inalcanzable y, a veces, tan inentendible para las personas comunes y tendrá que hacer un esfuerzo, primero, porque sus sentencias sean redactadas en un lenguaje socialmente útil, en un lenguaje que todas y todos entendamos y, segundo, enfrentar esta posibilidad o esta circunstancia que tiene que ver con hacer públicos sus razonamientos jurídicos”, planteó.
Jorge Islas López, Cónsul General de México en Nueva York, comentó que para las sociedades democráticas es fundamental contar no solamente con espacios de apertura, de rendición de cuentas, de fiscalización y de transparencia, sino también tener una justicia que pueda rendirle cuentas al ciudadano.
“No es factible tener un sistema judicial que dé seguridad, certeza y contundencia en la administración de justicia y en el acceso a la justicia de los gobernados, hasta en tanto no tenga lo más amplios mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas que son los que, al final de día, nos dan certeza de lo que una persona en nuestro nombre o una función pública sensible hace y determina con el dinero de todos los contribuyentes”, apuntó.
Claudia Elena De Buen Unna, Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, consideró indispensable flexibilizar los candados que actualmente apartan a la ciudadanía del interés del ejercicio institucional y de los organismos de procuración de justicia, asimismo, es necesario que el Estado disponga de recursos económicos para llevar a cabo estas acciones de acercamiento a los ciudadanos y realmente facilitar el acceso a la justicia.
“Es necesario que la explicación que se da en los acuerdos, en las sentencias interlocutores, en las definitivas sea más accesible, mucho menos técnica, sobre todos los asuntos en los que hay niños, indígenas, hay personas con alguna discapacidad, hay personas que no conocen el lenguaje. Entonces tiene que ser comprensible”, puntualizó.
Cabe destacar que el foro contó con la participación de destacados juristas que han contribuido a la consolidación de un Estado democrático y abierto, a través del ejercicio del Derecho en el país:
José Antonio Caballero integrante del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Paula García Villegas Sánchez Cordero, Magistrada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito de la Ciudad de México; Ana Cárdenas González de Cosio, investigadora del World Justice Project, y Areli Cano Guadiana, Directora General de Transparencia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Rafael Ruiz Mena, Secretario General Académico y Encargado del Despacho de la Dirección General del INACIPE;
Asimismo, Miguel Pulido Jiménez, Conductor del Podcast Derecho Remix; Claudia Elena De Buen Unna, Presidenta de la Barra Mexicana de Abogados, y Gonzalo Sánchez de Tagle Pérez Salazar, Director General de Asuntos Jurídicos del INAI; Nuhad Ponce Kuri, Presidenta del Consejo Consultivo del INAI; Ricardo Antonio Silva Díaz, Rector de la Escuela Libre de Derecho, e Issa Luna Pla, Secretaria Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
