Por Alejandro Villegas…
Carlos Slim asumió la responsabilidad de reparar la Línea 12 del Metro, sin mayor explicación, con lo que el ciudadano presidente trata de superar el tema del colapso que cobró 26 vidas y tiene detenida la Línea Dorada con una enorme afectación social.
Por supuesto que es loable que Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del país, asuma la responsabilidad, sin aceptar culpa alguna, porque no tendría porque hacerlo, pero de ahí a que el ciudadano presidente pretenda proyectar la decisión empresarial como una solución a una problemática que puede manchar su gestión, hay una enorme distancia.
Como vocero único, el ciudadano presidente debiera presentar un panorama completo y dar cuenta de las indagatorias judiciales, así como de los resultados de las auditorias practicadas, por especialistas.
El colapso de la Línea 12, de manera obligada debe tener responsables y deben existir sanciones penales o administrativas, para alguien, amén de una condena moral, para quienes como dijo no hace mucho el ciudadano presidente puedan ser responsables pero no culpables del suceso.
Por supuesto que los usuarios de la Línea Dorada en particular y la sociedad mexicana en general reconocerán la determinación de Carlos Slim, pero es necesario que las indagatorias sigan y el proceso de deslinde y fincamiento de responsabilidades culmine.
No es suficiente con el ahorro en términos económicos, en lo que no se debe escatimar en la procuración de justicia y la transparencia.
Udlap
La toma de las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla, como consecuencia de una disputa por la integración de un patronato causó alarma no sólo entre la comunidad escolar, académica y administrativa, sino en la sociedad en general.
Las imágenes e información se difundieron de inmediato vía redes sociales, pero los protagonistas de la disputa tardaron en fijar postura.
Ni siquiera, los responsables de la policía que intervino fueron capaces de dar cuenta de los fundamentos de su actuación, aunque fuera de manera escueta.
Sin duda, detrás del conflicto hay intereses económicos y políticos, que no debieran afectar a la comunidad estudiantil.
La solución del conflicto terminará por dirimirse en tribunales, pero de entrada el daño en la imagen de la Universidad de las Américas está hecho.
Evidentemente se trata de un ente privado, pero la autoridad tanto estatal como federal no debe olvidar que, a fin de cuentas, no pueden permanecer al margen en un conflicto de tal magnitud, al menos debieron emitir un llamado al diálogo y la cordura.
